La cadena perpetua en Colombia ha sido un camino de rosas y espinas. Por un lado, desde la llegada del presidente Iván Duque a la Casa de Nariño, su apuesta fue sacar adelante la sanción de esta medida máxima para delitos que atenten contra la integridad de menores y mujeres, específicamente.
Incluso en su discurso de posesión, el mandatario saliente insistió en cuál iba a ser la base de su Gobierno: 'La legalidad implica que trabajemos por la seguridad ciudadana. Que tengamos mecanismos para georeferenciar el delito, que desarticulemos estructuras, que persigamos los jíbaros que inducen a los niños a la tragedia de la droga, que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las 'Madames', a los violadores y asesinos de menores y de mujeres y que nos concentremos en la prevención del crimen', señaló el 7 de agosto de 2018.
Dos años después, en julio de 2021, el presidente Duque estaba sancionando el Acto Legislativo 01 de 2020 del Congreso que establecía la cadena perpetua para abusadores de menores de edad. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la normativa argumentando que es 'inconstitucional'.
