Durante su posesión el pasado 7 de agosto, en su discurso, el presidente Gustavo Petro anunció que los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, ente que reemplazó a la cuestionada y extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, pasarán a manos de organizaciones sociales.
'(...) A partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas', fueron las palabras precisas del jefe de Estado.
EL HERALDO les preguntó al ex fiscal general de la Nación Luis Eduardo Montealegre; a los penalistas Francisco Bernate, Iván Cancino y Juan José Castro y al politólogo Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, si es viable esta propuesta. Así mismo, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas hizo advertencias y precisiones al respecto en un documento publicado en sus redes sociales.
En contra. El abogado penalista Juan José Castro le dijo a este diario que 'la propuesta es difícil de aplicar desde lo jurídico, porque digamos que, en palabras generales, desde la SAE se administran bienes que están en proceso de extinción de dominio. Eso quiere decir que falta todavía que un juez determine que esos bienes se adquirieron o no con recursos de origen ilícito'.
Por ello, agrega el jurista, 'sería tremendamente problemático sacar bienes de administración de la SAE y utilizarlos en otras finalidades sin que se haya determinado por un juez que esos bienes proceden como había dicho de origen ilícito: traería un problema legal obviamente sobre la propiedad, sobre las personas, sobre los terceros de buena fe que puedan llegar a decir que ellos no tenían conocimiento, que no tuvieron forma de actualizar su conocimiento sobre la procedencia ilícita de ese bien'.
Y, finalmente, advierte: 'Dudaría de que eso pudiera pasar un control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, en caso de que naturalmente tuviera que modificarse legalmente'.
A favor. El ex fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, comentó en este medio: 'Comparto la propuesta del presidente Petro de pasar esos bienes como parte de un nuevo programa de economía productiva orientada hacia campesinos y jóvenes, parte de esos bienes proceden de la violencia ejercida contra ellos. Es una forma justa de reparar a miles de víctimas inocentes'.
A su vez, el presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, consideró que 'por supuesto que es viable y es legal esta propuesta: entre nosotros una vez se incauta un bien con fines de extinción de dominio pasa a la administración de la SAE. Lo que podría hacerse es que las diferentes agremiaciones de tipo cultural, social, organizaciones juveniles y de mujeres se inscriban como depositarios en la SAE y podrían administrar estos recursos'.
