La actuación de la Policía Nacional en hechos de alteración del orden público y hasta de actos de terror tiene a la institución en el ojo del huracán. Un buen número de colombianos consideran que los altos mandos no han tomado las decisiones correctas a la hora de proteger tanto a las personas como a muchos bienes que se han visto vandalizados, como ocurrió recientemente con la Catedral Primada de Colombia, en Bogotá.
La acción criminal realizada por un grupo de mujeres promotoras y defensoras del aborto, cuya pretensión era incinerar la Catedral, alertó sobre la supuesta inoperancia de miembros de la Policía Nacional. Hasta la propia alcaldesa de la ciudad, Claudia López, criticó la actuación de la Policía. 'Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo envió el propio comandante de la Policía de Bogotá. ¿Por qué, en vez de grabar, no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto: ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?', se preguntó la alcaldesa en su trino.
Otros hechos, como la sistemática y cada día más frecuente invasión de fincas en distintos lugares del país, entre ellas la región Caribe, también han llevado a miles de colombianos a preguntarse qué está pasando con la actuación de la Policía. O mejor: ¿qué está pasando con la no actuación de la Policía? ¿Cómo se explica su conducta omisiva en varias situaciones de grave alteración del orden público?
Lo que está pasando con la Policía Nacional tiene que ver con la aplicación de nuevos protocolos relacionados con el control de manifestaciones, marchas y protestas, tanto en ciudades como en predios rurales. Dichos protocolos ahora asignan el papel de acompañamiento a las manifestaciones por parte de los integrantes de la Policía. El nuevo protocolo fue expedido por el director nacional de la institución, general Henry Sanabria. El mandato obliga a los uniformados a actuar de forma 'discreta' y a prudente distancia de los manifestantes.
Por cuenta de la directriz del alto mando policial, quedó prohibido que integrantes de la institución encabecen o cierren las manifestaciones. Tampoco podrán defenderse en caso de malos tratos verbales o de insultos, puesto que –según el nuevo protocolo– 'primero está el derecho a la manifestación sobre el buen nombre'.
Como era de esperarse, las nuevas directrices de la Dirección Nacional de la Policía han causado sorpresa no solo dentro de la institución, sino por fuera de ella. Hay quienes consideran –interna y externamente– que la Policía Nacional no puede abstenerse de actuar con prontitud y eficacia, cuando existan hechos que alteren o perturben el orden público, siempre bajo el estricto cumplimiento de mandatos constitucionales. 'Si la autoridad no se ejerce, el orden se acaba y si el orden se acaba, entonces reina la anarquía y el caos', me respondió un ex director de la Policía Nacional a quien consulté sobre el nuevo papel asignado a la Policía, en lo que tiene que ver con el control de manifestaciones, marchas y protestas.
Ante la que algunos consideran inoperancia de la Policía Nacional, comenzó a hacer carrera la versión sobre una supuesta 'operación tortuga' por parte de altos oficiales de la institución, quienes no estarían de acuerdo con los lineamientos trazados por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. De acuerdo con dicha versión, el reciente retiro voluntario de más de 20 oficiales obedeció a su malestar e inconformidad con las decisiones del Gobierno. La versión fue desmentida por el propio general Sanabria, quien consideró que los retiros de los oficiales son decisiones normales y frecuentes en una institución con cientos de miles de integrantes.
Pese a las explicaciones del general Sanabria, la pregunta sigue siendo: ¿Qué está pasando en la Policía?
