Hizo bien el gobierno de Gustavo Petro en retirar el mensaje de urgencia que tenía la discusión del proyecto de ley estatutaria que busca reformar el Código Electoral. Insistir en darle 'trámite exprés' a la iniciativa para aprobarla a las volandas y sin mayor discusión –como ocurrió con la reforma tributaria– solo agregaría más cuestionamientos y reproches a una alianza política que llegó a gobernar con el discurso de cambiar las costumbres políticas del país
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En efecto, el Pacto Histórico se comprometió a no hacer lo que por décadas han hecho todos los gobiernos en Colombia, aliados con la clase política tradicional, que los ha respaldado con sus mayorías desde el Congreso de la República. Pero hasta ahora la 'aplanadora oficialista', con Roy Barreras a la cabeza, no ha hecho nada distinto a lo que tanto han criticado desde sus épocas de opositores: emprenderla contra las minorías para imponer las mayorías de forma avasallante. Aprobar, pues, un Código Electoral de 377 artículos a punta de pupitrazos, no hubiera sido el mejor mensaje de parte de quienes dicen ejercer la 'nueva política'.
Por su trascendencia y su importancia para la democracia, las reformas al Código Electoral merecen un debate profundo. Es bueno que así ocurra. La premura del gobierno por aprobarlo –en un año electoral– podría llevar a los congresistas a incurrir en vicios de trámite que comprometerían su suerte a la hora de la revisión por parte de la Corte Constitucional. De la carrera solo queda el cansancio, dice el adagio popular. Ello quedó demostrado –precisamente– con la anterior reforma al Código Electoral –también aprobado con premura y a pupitrazos– que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite.
Pero, además, el gobierno debe entender que tramitar una reforma al Código Electoral –así sea por vía ordinaria y no con mensaje de urgencia– en un año electoral es una muy mala idea con pésima presentación. Todo artículo que se apruebe será revisado con lupa para ver de qué forma la alianza de gobierno con mayorías en el Congreso pretende sacar beneficios de su actual condición de privilegio. De hecho, esta decisión en un gobierno distinto al actual habría sido objeto de todo tipo de cuestionamientos y reparos por parte de quienes hoy ostentan el poder y antes eran oposición. El propio Petro –entonces senador– habría realizado un debate de control político al ministro del Interior pidiendo su cabeza.
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¿Tiene sentido tramitar y aprobar en un año electoral un Código Electoral cuya vigencia está proyectada para los próximos 50 años?
No tiene ningún sentido. No es sano, ni es necesario, ni es oportuno, ni es conveniente. ¿Quienes sacarían provecho del cambio de las reglas de juego en momentos en que el país lleve a cabo las elecciones locales para escoger alcaldes y gobernadores? Obviamente, quienes manejan hoy las riendas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Es decir, el Gobierno nacional no solo contaría con una chequera jugosa para direccionar multimillonarios recursos a 'administraciones amigas', sino que también contaría con recursos legales para blindar su comportamiento.
El asunto es tan afrentoso y delicado que hasta congresistas integrantes del Pacto Histórico hicieron saber al Gobierno Nacional –mediante carta enviada al propio Petro– que es necesario 'repensar el proyecto'. Pero, además, dijeron que el proyecto 'no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones'.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien acompaña al gobierno y es integrante del Pacto Histórico, fue mucho más allá en sus duros señalamientos, pues se preguntó si el gobierno le está pagando algún favor al registrador nacional, Alexander Vega, uno de los más interesados en la aprobación del Código Electoral. 'Yo me pregunto, dijo Juvinao durante la intervención en el debate de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara: ¿el Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Álex Vega para pagarle el favor?'.
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Otros congresistas, como Ariel Avila y ‘Jota P’ Hernández, tampoco ahorraron reparos en sus cuestionamientos. 'La propuesta del Código Electoral es una vergüenza, impulsada por el cuestionado registrador Alexander Vega. Hay denuncias de entrega de puestos y mermeladas a congresistas'.
El presidente de Cambio Radical, Germán Córdoba, también disparó munición gruesa en contra de la iniciativa: 'No podemos seguir con esa práctica deleznable de tramitar proyectos de ley, ofreciendo cargos y clientelizando las entidades', sostuvo Córdoba.
¿Cuáles son los verdaderos alcances de la llamada 'actualización' del Código Electoral?
