El objetivo de este proyecto de ley promovido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es poder facilitar la entrega de los grupos armados ilegales que surgieron a partir del paramilitarismo y que tienen como su fuente de financiación el narcotráfico. Todo esto a través de lo que ha considerado el gobierno de Gustavo Petro como el proceso de la paz total. Muchos han sido los cuestionamientos que ha tenido el documento que consta de 54 artículos, y que, según los críticos del proyecto, beneficia directamente a los delincuentes y deja de lado a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
A raíz de la orden que dio el presidente Gustavo Petro del cese al fuego bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, los interrogantes sobre la viabilidad de este proyecto no cesan. Sin embargo, se ha conocido en los últimos días el interés de otros grupos armados ilegales por sumarse al proceso de paz total, mientras que el Clan del Golfo, por su parte, desmiente los incumplimientos del cese al fuego. Y es que los reparos a la ley de sometimiento propuesta por el ‘Gobierno del Cambio’ no llegan solo de la oposición, referentes de las negociaciones del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc también se suman.
Es el caso de Rodrigo Rivera, ex comisionado de Paz; Juan Fernando Cristo, ex ministro del Interior; y Yesid Reyes, ex ministro de Justicia, quienes aseguran que no están dadas las condiciones para tramitar la ley de sometimiento, sino que por el contrario se debe avanzar acorde con la voluntad que muestren las organizaciones.
