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Desde antes de ser radicada en el Congreso de la República por la hoy exministra de Salud, Carolina Corcho, esta iniciativa fue cuestionada fuertemente, pues médico, expertos en la materia, agremiaciones y los mismos usuarios del sistema, coincidían en que no habían sido tenidos en cuenta para la conformación del articulado y la gran mayoría de las propuestas no eran claras.

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Cuatro meses después de haber puesto a disposición del Congreso este proyecto para su discusión, solo ha avanzado en el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pese a que costó un ‘remezón’ ministerial que dejó por fuera a la creadora de esta iniciativa, la médico y activista Corcho.

Durante este período de tiempo, las distintas agremiaciones de salud han hecho reiteradas advertencias sobre los riesgos y consecuencias negativas que habría en el país de ser aprobado dicho articulado, sin embargo, es poco lo que han sido escuchadas por el Gobierno Nacional y la cartera que hoy lidera este proyecto de ley, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

EL HERALDO conversó en exclusivo con la presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Paula Acosta, quien detalló que el modelo de atención que plantea la reforma, fragmentado para el usuario, sin roles y responsabilidades claras, con riesgos para el paciente y para la protección de los recursos del Sistema, requieren una discusión técnica y profunda que aborde esta iniciativa en su integralidad.

'La transición en un período de dos años, en donde se eliminan las Eps, y en donde la población necesita inscribirse en un Centro de Atención Primario en Salud, Caps, por ende son tiempos muy cortos, cuando uno mira cómo son los procesos en otros sectores del Estado, se da cuenta que no hay claridad en este proceso, ni en la construcción de los Caps, ni en cómo será su ejecución en materia de afiliación a los usuarios', manifestó la dirigente de Acemi.