Fiel a su talante evasivo, que no solo no admite errores, sino que se los achaca a los demás, el presidente Gustavo Petro la emprendió contra la Corte Constitucional luego de su fallo que prohíbe la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, artículo que hace parte de la reforma tributaria que el Congreso le aprobó al gobierno el año pasado.
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Mientras Petro anunciaba –a regañadientes– que acataba el fallo, le ordenaba al ministro de Hacienda que comenzara a pasar las tijeras por las tres ramas del poder público, incluyendo, obviamente, la Rama Judicial, que en buena hora decidió declarar inexequible el artículo incluido en la tributaria, contra la voluntad de muchos expertos, quienes advirtieron sobre lo que sucedería en el alto tribunal. Pero ni Petro, ni su entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, escucharon las voces de alerta.
De manera que la culpa de que la Corte Constitucional declarara inexequible un artículo que se sabía que era contrario a la Constitución no es del alto tribunal, sino del propio presidente, quien de forma terca y contra toda evidencia, insistió en incluir dicho artículo, solo porque quería pasarle una cuenta de cobro a las empresas petroleras, gasíferas y carboníferas del país, a quienes ha señalado en múltiples ocasiones de ser las culpables de la 'extinción de la humanidad', por encima, inclusive, de la mismísima cocaína.
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Pero Petro no solo anunció recortes a las tres ramas del poder público, sino que sostuvo que por cuenta del fallo los niños pobres del país no podrán tener escuelas, ni hospitales, porque la decisión de la Corte compromete el futuro de la política social del gobierno. Obviamente que se trata de un argumento falaz, cínico y perverso. Falaz, porque la afectación por cuenta del fallo sería del orden de 3,5 billones de pesos, mientras que el gobierno tiene a su disposición una reforma tributaria que supera los 20 billones, la más alta en la historia del país.
El fallo de la Corte Constitucional obliga al gobierno –eso sí– a apretarse el cinturón y ser más austero en el gasto y menos derrochador de los recursos públicos. Podría, por ejemplo, meterle mano –o inclusive desmontar– el Ministerio de la Igualdad, que sigue sin mostrar –en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez– la necesidad imperiosa de su creación.
Los nombramientos en los cinco viceministerios que componen ese ministerio, así como la falta absoluta de resultados, demuestran que el único afán del gobierno era tener una nómina frondosa que le permitiera nombrar a cientos de sus seguidores y electores. Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad no pasa de ser un embeleco que nos cuesta a los colombianos más de 500.000 millones de pesos, cifra que está por encima de los ministerios de Justicia y de Ciencia y Tecnología.
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Pero el argumento de Petro también es cínico, porque en lugar de reconocer su testarudez en la aprobación de un artículo a todas luces inexequible, considera que quienes deben responder por las consecuencias del fallo son las altas cortes y no el gobierno que no escuchó en su momento las voces de advertencia.
Y es perverso porque los niños pobres del país se seguirán muriendo de hambre y desnutrición no por cuenta del fallo, sino del propio gobierno que no ha sido capaz de diseñar una política pública sería, sólida y eficaz que garantice los derechos de los más vulnerables.
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La perversidad del gobierno lo lleva a señalar a otros para que sean ellos quienes paguen los platos rotos de su ineptitud y su ineficacia.
Mañana vendrán los ataques directos a las sedes de los 'malos', según Petro, quien olvida que cada señalamiento o perfilamiento suyo se traduce casi que de inmediato en agresiones físicas o aniquilamiento en redes sociales.
