El presidente Gustavo Petro afirmó –por cuenta de la suspensión por tres meses prorrogables al canciller Álvaro Leyva– que no lo van a dejar gobernar. 'Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues esa es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático'.
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Pero, contrario a lo que dice el presidente, el problema no es que no lo dejen gobernar: el problema es que Petro gobierna mal. Y gobierna mal porque cree que las leyes existen para pasárselas por la faja. El mejor ejemplo es el caso de Leyva, quien –azuzado por Petro– creyó que la Ley 80, que rige todo lo relacionado con la contratación en Colombia, estaba pintada en la pared y pretendió gambetearla.
La suspensión ordenada por la Procuraduría General de la Nación está ajustada a lo que dice la Ley 80, que Petro y Leyva consideran que se puede burlar. La Contraloría General, en su momento, también hizo las mismas observaciones del Ministerio Público. De modo que –en este caso– los equivocados son Petro y Leyva, quienes ahora asumen el papel de víctimas, algo que tampoco sorprende.
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Para justificar su retadora, irregular y equivocada actuación, Petro salió en Guapi (Cauca) con su consabido cuento de que no lo dejan gobernar y que todo se trata de un ataque a un gobierno popular y democrático.
Es decir, teniendo los recursos y las garantías para defenderse, como bien lo aseguró la procuradora general Margarita Cabello en Cartagena, en los escenarios judiciales –que es donde corresponde dicha defensa– Petro decidió 'meterle pueblo' al delicado asunto, para tratar de justificar lo injustificable.
Leyva, por su parte, hará lo propio: declararse víctima y llevar su caso a escenarios internacionales, en lugar de reconocer que su actuación fue 'caprichosa' y no se ajustó a la Ley, como sostiene el documento de 122 páginas en el que está soportada la suspensión y el llamado a 'juicio disciplinario' del canciller.
La suspensión de Leyva responde, pues, a su comportamiento arbitrario y abusivo durante todo el proceso, desde el momento mismo en que fue advertido por la Procuraduría General. Para respaldarlo, Petro dijo que seguía 'instrucciones' suyas. Es decir, se trata de responsabilidades compartidas.
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En medio de su prepotencia y su soberbia, el canciller Leyva desafió a la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien le recomendó conciliar con la firma Thomas Greg, compañía que por varios años había ejecutado el contrato de la elaboración de los pasaportes en Colombia. Luego –cuando fue citado a un debate de control político en el Congreso de la República– fue grosero con quienes lo citaron y 'mandó a leer' a las congresistas que lo llamaron a comparecer, varias del ellas del Pacto Histórico, es decir, aliadas del gobierno.
De manera que no es que persigan a Petro y no lo dejen gobernar. Es algo más simple: que Petro gobierna mal, porque pretende pasar por encima de las leyes.
¿Qué pasará con la suspensión al canciller Leyva? Veamos.
