Gustavo Petro no puede pretender seguir evadiendo la responsabilidad política de lo que sucede en su gobierno. Descargar sus culpas en los anteriores presidentes, o señalar con cinismo a algunos de sus funcionarios, como si hicieran parte de otro mandato, no es el mejor proceder para alguien que tiene el honor y el privilegio de ser el jefe del Estado colombiano.
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Desde que empezó su gobierno, hace ya casi dos años, para Petro todos son culpables menos él. Cuando no es Uribe es Duque y cuando no es Duque, entonces el culpable de la crisis -según Petro- es Santos, su antiguo aliado político. Otras veces los señalados son las altas cortes y el Congreso de la República.
Sobre el escándalo de los carrotanques de La Guajira, avivado con las declaraciones de Olmedo López a Vicky Dávila para la revista Semana, en la que no solo se ratifica en sus señalamientos a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, sino que involucra al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el presidente Petro salió de inmediato en defensa de su gobierno.
“Cuando un medio dice ‘el gobierno de Petro compra congresistas’, lo que está indicando es que las prácticas corruptas son ordenadas por mi, y eso en un medio de comunicación, o en la boca de cualquier persona, es una profunda y vil calumnia, porque jamás, nadie podrá decir que en mi calidad de gobernante o de ser humano he ordenado una práctica corrupta. No defiendo a nadie, no soy Duque, el que la haga se va”, escribió Petro en su cuenta de X.
Petro -una vez más- le dispara al mensajero -el medio de comunicación- para eludir la gravedad del mensaje, que no es otra cosa que los señalamientos de Olmedo López, nombrado por Petro como director de la UNGRD, contra aliados políticos del gobierno y contra su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Quien sostiene que el “gobierno compra congresistas” es Olmedo López, no es el medio de comunicación. Nadie señala a Petro de ordenar prácticas corruptas o de ser corrupto. Lo que se afirma es que en su gobierno si hay prácticas corruptas, como lo demuestra el caso del propio López y su subalterno, Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, quienes reconocieron sus delitos y están a la espera de negociar beneficios judiciales con la Fiscalía a cambio de su confesión. ¿Fueron o no funcionarios de su gobierno, tanto López como Pinilla? ¿Velasco es o no su ministro del interior? ¿Sandra Ortiz, fue o no su alta consejera para las regiones?
Pero, además, cuando López sostiene que el gobierno de Petro “compró congresistas”, es apenas obvio que se trate de esclarecer quién o quiénes fueron los encargados de comprarlos a nombre del gobierno y cuáles fueron los congresistas que se vendieron.
De igual manera, se hace obligatorio establecerse cuál fue el propósito de dicha “compra”: ¿aprobar las leyes del gobierno, como sostienen tanto López, como Pinilla? ¿Quiénes participaron de esa operación delictiva? Si, como dice López, recibió órdenes del ministro Velasco, entonces la pregunta es: ¿Quién le ordenó al ministro Velasco que “comprara congresistas”? ¿A quién obedece el ministro Velasco? Todos estos graves hechos deben investigarse y aclararse, por el bien del país y -sobre todo- por el bien del propio gobierno de Petro, que llegó al poder con la bandera del cambio y la lucha contra la corrupción.
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De manera que Petro debe entender que la responsabilidad política no puede eludirse, cuando se trata de hechos de corrupción. Mucho menos, cuando los señalados de corruptos hacen parte del gobierno y fueron designados por el propio presidente de la República.
¿Hasta dónde llegará el escándalo de los carrotanques de La Guajira? ¿Quienes participaron en ese entramado criminal?
