Aunque el canciller Luis Gilberto Murillo ha dicho en reiteradas oportunidades que la expedición de los pasaportes en el país no está en riesgo, no deja de causar incertidumbre el hecho de que el próximo 2 de octubre se venza el contrato prorrogado con la empresa británica Thomas Greg & Sons.
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Se ha dicho también que en septiembre de 2025 la Imprenta Nacional asumiría esta labor, y en el entretanto se ha conocido que el Gobierno le habría propuesto a Thomas Greg seguir produciendo el documento, aunque también se ha hablado de que la semana entrante se conocerá al socio internacional del Estado para expedir los pasaportes y para asesorar a la Imprenta, Migración y Cancillería para que asuman la labor dentro de 13 meses.
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Por su parte, para evitar posibles escenarios de crisis, la Procuraduría convocó a una mesa de trabajo para el próximo martes con la compañía británica y la Cancillería, además para abordar la solución a la demanda de $117 mil millones interpuesta por la firma contra el Estado, argumentando que suspendieron la licitación del año pasado violando sus derechos y en actuaciones administrativas ilegales, mientras que el Gobierno declaró desierto el proceso señalando que se vulneraba el principio de libre competencia con un solo proponente.
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El ministro de Relaciones Exteriores afirmó el pasado viernes que “a partir del 3 de octubre de este año el Gobierno asume el manejo de los datos de los colombianos y las colombianas, que son datos confidenciales. Ese es un aspecto nuevo de la expedición de los pasaportes, simplemente que se va a hacer la producción a través de un socio estratégico de la impresión de las tarjetas y la fidelización de esa información”.
Dijo que pueden ser socios de Francia y Portugal, Canadá, Alemania o Polonia y que “la semana entrante ya tendremos seleccionado al socio estratégico gubernamental que va a trabajar con nosotros”. E invitó Murillo “a que no se cree pánico al respecto porque está garantizada la expedición de los pasaportes que requieren los colombianos y colombianas”.
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Y el pasado jueves había anunciado que “la Cancillería desarrollará un nuevo sistema de agendamiento de citas que genere mayor seguridad y acceso a la ciudadanía para el agendamiento del trámite”.
Por ello, la Procuraduría emitió un comunicado el viernes pidiéndole al Ministerio “que entregue detalles de cómo será la implementación, el uso y los cambios del nuevo sistema”, ante la “preocupación de que el servicio a los usuarios pueda colapsar mientras se adapta a esos cambios, por lo que se debe indicar, claramente, si el sistema será una actualización del que ya existe o si se trata de un nuevo desarrollo tecnológico a aplicar”.
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El pasado miércoles, el ente de control había anunciado indagaciones “ante las múltiples quejas de la ciudadanía de tener que acudir a tramitadores para alcanzar una cita en la entrega de pasaportes (…) y posibles focos de corrupción”.
“Hemos encontrado, por informaciones, que se están vendiendo los cupos… vamos a estar muy encima y vigilantes para solucionar y ver si existen actos de corrupción y hacer las indagaciones preliminares para verificar si da lugar a investigaciones disciplinarias”, recalcó la procuradora Margarita Cabello Blanco.
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Y ante el vencimiento de la prórroga, el próximo 2 de octubre, de la fabricación de los pasaportes, requirió al canciller información sobre la estrategia o el plan de contingencia previsto para garantizar la prestación del servicio.
A comienzos de la semana, el Ministerio Público, debido a las constantes y reiterativas fallas que presenta la plataforma para sacar el pasaporte, instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a replantear el modelo actual de agendamiento de citas, ante la indisponibilidad del portal, los horarios limitados y hasta la aparición de tramitadores ajenos a la entidad.
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El ente de control llamó a juicio disciplinario al excanciller Álvaro Leyva por este mismo caso, señalando que declaró desierta la licitación 001 de 2023 sin tener el sustento técnico y jurídico necesario para ello, y la segunda porque “decretó la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.
Leyva y el presidente Gustavo Petro habían aseverado que la licitación que se cayó era irregular puesto que había un solo proponente al que más condiciones del pliego supuestamente favorecían.
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Y el jefe de Estado, en su momento, aseveró: “Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa privada, cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. La misma empresa cuyo ‘software’ de escrutinios electorales fue cuestionado por el Consejo de Estado”.
Todo el lío arrancó el 13 de septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierto el proceso de licitación del contrato del servicio de pasaportes en el país por una suma de $600 mil millones y en la que el único proponente era Thomas Greg & Sons, multinacional británica que se ha ganado la adjudicación en los últimos 17 años.
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Y, bajo el estado de urgencia manifiesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió el 2 de octubre de 2023 un contrato por $200 mil millones con la misma Thomas Greg, por el término de un año, para que prestara el esencial servicio de la fabricación de pasaportes en el país, ahora en veremos.
