La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría presentaron este martes el Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas.
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Las entidades de control coincidieron en que el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese fin.
El reporte señala, inicialmente, que 'los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación'.
En este sentido, se indicó que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14% de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.
'Los cálculos realizados estiman que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas entre 2024 y 2031', explicó la procuradora Margarita Cabello.
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Añadió al respecto que dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.
'La Comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil. Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado', advirtió el Ministerio Público en un comunicado.
En este punto se llamó la atención frente a la tendencia creciente de los eventos de confinamiento en los últimos tres años, así como una marcada concentración mayoritaria de confinamientos en el departamento de Chocó, con 92 eventos (52,3 %), Nariño, con 20 (11,4 %), y Arauca, con 19 eventos de confinamiento en los últimos 3 años (10,8 %). Los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son los que presentan las mayores necesidades de atención de víctimas de desplazamiento forzado y con dinámicas de conflicto armado persistentes, que requieren medidas de focalización para garantizar el acceso de manera oportuna a las medidas de atención en el marco de las emergencias.
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'Más del 77% de las víctimas tienen déficit habitacional y ha decrecido su participación en los subsidios de vivienda asignados. Existe un aumento de la brecha en el acceso a vivienda entre la población general y la población víctima. En 2013 la participación de población víctima era del 73,4% de 33.079 subsidios otorgados a población general, en tanto que para 2023, las víctimas participaron con 11,9% de 54.258 subsidios otorgados a población general. Existe un rezago en la entrega de subsidios de vivienda para población víctima. En el tema urbano, de 101.622 subsidios asignados a población víctima, se tienen 12.608 sin entregar (12 %) entre 2012 y abril de 2024, principalmente de los programas de Vivienda Gratuita II con 7.529, Semillero de Propietarios – Arriendo con 1.746 y Bolsas Anteriores con 1.309. En vivienda rural, de 34.651 subsidios de vivienda asignados a población víctima entre 2012 y 2019, se mantiene un rezago en la entrega de 22.398, que representa el 64,6 % de los subsidios asignados', expuso la jefa del ente de control disciplinario.
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Y en materia de restitución de tierras, el informe de la Comisión alerta sobre falencias en las tres etapas del procedimiento: en primer lugar, la demora en promedio de dos años para resolver una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, pese a que la Ley 1448 estableció seis meses para dicho trámite. En segundo término, la etapa judicial a cargo de jueces especializados en la materia continúa altamente congestionada, pues existe una excesiva carga laboral y represamiento de procesos sin decisión de fondo. Y en tercer lugar, persiste el incumplimiento de sentencias de restitución, por parte de diferentes entidades gubernamentales.
Finalmente, se indica que del total de víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) que son sujetos de atención (7’661.300 personas), el 51,6 %, es decir 3’907.263, no tienen ingresos suficientes para alimentación y servicios básicos. La pobreza extrema aumentó del 13,2 % en 2019 al 21,2 % en 2022. Del total de víctimas en el RUV, 7’661.300 personas, que son sujetos de atención, 1’677.824 personas no tienen los recursos necesarios para una alimentación básica, lo que quiere decir que están pasando hambre.
