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La semana pasada el Gobierno radicó el proyecto de ley ordinaria que reglamenta la jurisdicción agraria y que tiene como objetivo principal determinar las competencias de los jueces agrarios. No obstante, la oposición e independencia se mostraron preocupadas por la posibilidad de que el articulado posibilitara la expropiación exprés de tierras rurales, mientras que el oficialismo negó tal alcance. Por ello, EL HERALDO habló con los distintos sectores políticos y jurídicos, con el fin de aclarar el tema.

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El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, advirtió en este diario que “la expropiación se plantea como una decisión netamente administrativa de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sin pasar por el tamiz de la justicia, o sea que está cercenando el sagrado derecho a la defensa que tienen los tenedores de tierras por decisiones unilaterales”.

Por lo que, anunció, “estaremos haciendo los debates necesarios para que se garantice el derecho a la propiedad privada y que sea un juez quien tome la decisión si por ejemplo un terreno está inexplotado y se podría expropiar pagándose la compensación, pero eso que lo defina un juez y no un funcionario de la ANT”.

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Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dijo en este medio: “Recordemos que al menos 8 millones de hectáreas fueron despojadas violentamente, el 0,4 % de la población es dueña del 46 % de la tierra rural, el 1 % de las fincas ocupa el 81 % de las tierras agrícolas, hay 11,3 millones de hectáreas productivas y solamente se usan 3,9 millones para el cultivo de alimentos”.

Agregó que “con lo de la expropiación la oposición buscó generar pánico durante la campaña, pero desde 1936 existe la figura, la Constitución establece que la propiedad tiene una función social y ecológica, y se expropia por ejemplo para la construcción del Metro o la ampliación del Transmilenio, y la competencia sigue estando en cabeza de los tribunales”.

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