Luego de que el pasado jueves las comisiones económicas conjuntas del Congreso terminaran sin acuerdo para la aprobación del monto del Presupuesto 2025 por $523 billones, por lo que el Gobierno reiteró la posibilidad de emitirlo por decreto, varios ex ministros de Hacienda advirtieron en EL HERALDO, primero, sobre lo inusual de la situación y, segundo, por la incertidumbre que genera en el país el crucial asunto.
Aunque se citó la continuación del debate para el próximo martes, la aprobación del proyecto de las finanzas públicas del año entrante queda en el limbo y las diferencias entre ambas ramas del poder público, que desde hace al menos un año se han hecho evidentes por el trámite de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, se profundizan.
La discusión del primer debate del presupuesto continuará sin la aprobación del monto, cuya fecha límite de aprobación era el 15 de septiembre. Por lo que al no coincidir las cuatro comisiones terceras y cuartas, la discusión ahora apunta a la fecha del 25 de septiembre, antes de la cual el articulado debe pasar a segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara. Y el 20 de octubre debe quedar aprobado toda la iniciativa en primer y segundo debate.
En medio de esto, Petro anunció que “la Constitución ha prescrito que la iniciativa en el gasto público y en el presupuesto es del Gobierno, por eso el presupuesto es decretable. Es muy lamentable que las comisiones económicas del Congreso, teniendo en sus manos la posibilidad de rebajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, haya decidido, solo por hacer oposición, dañar esta inmensa posibilidad de reactivación económica”.
Se refería también el jefe de Estado a la ley de financiamiento por $12 billones, presentada como complemento al presupuesto, que está desfinanciado en esa suma.
Al respecto, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, había advertido al respecto en EL HERALDO: “Le dije (al presidente) que el Congreso no podía aprobar esa reforma tributaria sin conocerla, decretar unos gravámenes a los colombianos a ciegas no puede ser (...), por lo que era mejor que retiraran los $12 billones, luego se presentaba una reforma tributaria y si de ahí sale algo luego se presentaba un presupuesto adicional, pero ya las empresas tienen gravámenes muy altos”.
“Preocupa la regla fiscal”
Sobre todo este lío, el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo le dijo a este diario: “Lo primero es que este incidente es totalmente atípico en la historia del país, no haber logrado la aprobación por parte del Congreso del monto de presupuesto es una extrañeza por la dinámica que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en segundo lugar es el resultado de haber presentado un presupuesto desfinanciado, con una ley de financiamiento que llega tarde y que no se entiende realmente en este momento de reactivación económica, y que termina siendo financiada casi que exclusivamente con una flexibilización de la regla fiscal que le genera preocupación al Congreso de la República”.
Agregó el exjefe de la cartera económica que el desafío jurídico es que aparentemente habría plazo hasta el 25 de septiembre para hacer la aprobación en primer debate del presupuesto: “El punto es que si el Congreso no acepta ese monto, sino uno inferior, el Gobierno va a tener que a partir de esa comisión esperar seguramente hasta el 20 de octubre, en donde si el Congreso no aprueba el presupuesto, que seguramente será modificado a la baja, el Gobierno tendrá que aprobarlo por decreto, cosa que sería de nuevo un tema muy atípico en la historia de Colombia”.
“El Congreso cumple la ley”
El también ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo comentó en este medio: “Nos hemos entrado en un caos realmente innecesario que da una pésima imagen de Colombia en el exterior, como tantas otras cosas, y todo lo presupuestal se ha contagiado de la improvisación con que el Gobierno ha manejado las cosas de la hacienda pública. El Gobierno debe entender que el Congreso tiene unas prerrogativas y facultades y una de ellas es modificar el tope del presupuesto, está consagrado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero el Gobierno se ha empeñado en que no le pueden quitar ni un solo peso a la cifra original que ha presentado”
Puso además de presente el igualmente ex ministro de Agricultura que toda persona seria que ha estudiado el tema coincide en que el presupuesto está sobredimensionado en cuanto a sus ingresos se refiere: “No en $12 billones, sino en $40 o $50 billones, y la manera de salir de estas dificultades es que el Gobierno actúe con sindéresis, con serenidad y no con deseos de enredar las cosas como las está enredando. (...) Cuando el Congreso revisa y no acepta algún capricho presidencial no está haciendo otra cosa que cumplir con la Constitución y la ley, y eso tiene que respetarse”.
“Tributaria o recorte”
Del mismo modo, el extitular de la cartera de crédito público Juan Carlos Echeverry advirtió en esta casa periodística que no le ve misterio a ese tema de que el presupuesto salga por decreto o no.
“Lo importante es la consecuencia que tiene. La pregunta es si viene una reforma tributaria o si el Gobierno se ve forzado a recortar los $12 billones que puso en el presupuesto y que no va a poder ejecutar porque en el presupuesto decretado no están incluidos. Eso es lo importante”, explicó.
“Deben pensar en la Nación”
Y la politóloga Patricia Muñoz Yi, directora de la especialización en gobierno y gestión pública territoriales de la Universidad Javeriana, expuso en este periódico que la aprobación del presupuesto lo que abre son inquietudes frente a temas de procedimiento, técnicos y de normas: “También el camino que tomó la aprobación del presupuesto refleja también esas dificultades con las que el Gobierno ha asumido la discusión de este tema, pero así mismo en otros, como las reformas. El Gobierno llega con unas posiciones que dejan poco margen para poder establecer acuerdos”.
Concluyó no obstante la catedrática que “lo que estamos viendo es el ejercicio del control de poderes, que es positivo para el funcionamiento del sistema político, que no solo sea una posición la que prime en términos presupuestales, sino que el Congreso también asuma con responsabilidad el ejercicio. Eso es positivo para la democracia, siempre y cuando ambos puedan pensar en la Nación sobre los intereses políticos y particulares”.
