¿Qué le pasa al presidente Petro? Esa es la pregunta que en las últimas semanas preocupa y atormenta a los colombianos, por cuenta del comportamiento desafiante, hostil y particularmente agresivo del mandatario no solo con sus contradictores políticos –algo que ya no sorprende–, sino contra instituciones que son fundamentales para el sostenimiento de nuestro sistema democrático.
La pregunta no es fácil de responder, entre otras razones, porque Petro tiene un talante muy particular de gobernar y unas maneras bastante belicosas de confrontar a sus contradictores. Quienes lo conocen sostienen que “Petro siempre ha sido así”.
“Lo que pasa –me dijo uno de sus allegados de confianza, que lo conoce desde sus tiempos de representante a la Cámara– es que ahora tiene una mayor audiencia y un mayor poder de convocatoria y por eso cada palabra que dice hay que multiplicarla por mil. Pero Petro piensa hoy igual que antes y en eso no va a cambiar”.
Es obvio que Petro “no va a cambiar”, como sostienen sus amigos, pero sí debe entender que su rol de jefe del Estado es muy distinto al que tuvo en sus tiempos de opositor de casi todos los presidentes de Colombia, menos Juan Manuel Santos.
Hoy Petro no es “opositor del Gobierno”, sino que es la persona que está al frente del Gobierno. Petro no está para hacer oposición, sino para someter sus iniciativas y decisiones a la vigilancia de la prensa independiente y al control de sus opositores.
Petro debe entender que una cosa es señalar con ligereza a sus contradictores políticos de “mafiosos”, “narcos” y “paracos”, sin aportar una sola prueba, y otra muy distinta es sindicar de lo mismo a sus opositores, siendo presidente de la República. Ni su responsabilidad ni sus deberes son los mismos que tiene “un portero”, como sostuvo recientemente con ligereza.
Cada señalamiento irresponsable de Petro –ahora como presidente– contra los medios de comunicación en general, o contra algún periodista en particular, tiene consecuencias, graves muchas de ellas. Solo hay que presenciar el triste espectáculo de un periodista crítico del Gobierno siendo despedazado en las redes sociales por la jauría de bodegueros fletados por el mismo.
Igual sucede con algunas instituciones, como el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE), vilipendiadas y atacadas con saña, solo porque –cumpliendo con su deber constitucional– han tomado decisiones que Petro no comparte, porque podrían dejar en evidencia su comportamiento irregular –o abiertamente ilegal– en sus tiempos de candidato presidencial.
Por cuenta de esas decisiones, Petro ha desatado su furia y la de su “ejército de bodegueros”, tanto contra el Consejo de Estado, como del CNE. El asedio ha sido tan despiadado como peligroso, hasta el punto de que algunos magistrados del CNE han tenido que enviar familiares al exterior, ante el peligro que empiezan a correr sus vidas.
Hábilmente Petro instaló en la opinión pública la narrativa de un supuesto “golpe de Estado”, del que no existe la menor evidencia, con el propósito de desconocer los procedimientos y decisiones adoptadas tanto por el CNE, como por el Consejo de Estado.
En lugar de respetarlas y acatarlas, como es su obligación, Petro decidió descalificarlas y caricaturizarlas. El término más elegante que utilizó para referirse a ellas fue el de “chambón”.
¿Qué tiene desatado a Petro?
Ningún candidato presidencial, incluido Petro, está por encima de la ley
“Preguntan algunos medios y la oposición dónde están las pruebas del golpe, pensando ellos que se hará con soldados y tanques de guerra. No, amigos, el golpe no se dará con soldados, ya que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar una sola arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes”.
De esta forma, Petro descalificó la decisión del CNE de retomar este lunes el estudio de la ponencia que solicita formularle pliego de cargos por la supuesta violación de los topes electorales. Aunque a Petro no le guste, la obligación del CNE es indagar por los gastos de todas las campañas presidenciales, incluida la suya. Punto. De igual manera investigaron las campañas de Uribe, Santos y Duque, para hablar de las más recientes. A ninguno de ellos –¡por Dios!– se le ocurrió decir que se estaba fraguando “un golpe de Estado” en su contra.
Además, se ha dicho hasta la saciedad que el CNE investiga “la campaña de Petro”, no al presidente Petro. Este debe ser investigado –como bien lo señaló el Consejo de Estado– por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que –por cierto– poco o nada ha hecho hasta el momento para investigar a Petro. Llama la atención –eso sí– que el mismo CNE al que Petro le pedía en sus tiempos de opositor que investigara las campañas de Uribe y de Duque, ahora no le sirva para que investigue su campaña presidencial.
Petro “candidato” sabía muy bien que si su campaña se volaba los topes permitidos, tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, sería objeto de una investigación por parte del CNE. A sabiendas de ello, su campaña incurrió en todo tipo de gastos, como ha salido a relucir por parte de investigaciones de distintos medios de comunicación.
Su propio hijo, Nicolás Petro, jefe de la campaña en la región Caribe, está siendo procesado por confesar que recibió dineros provenientes de Santander López Sierra, ‘el Hombre Marlboro’, y del ‘Turco’ Hilsaca, recursos que habrían ingresado a la campaña presidencial de su padre.
Ni el candidato Petro ni el presidente Petro están por encima de la ley, como para que su campaña no sea auscultada. La presión indebida ejercida por Petro contra medios de comunicación y el propio CNE hace pensar que su preocupación –más que por un supuesto golpe de Estado, que solo existe en su febril imaginación– tiene que ver con el ingreso y manejo de miles de millones de pesos a la campaña del Pacto Histórico. Ese es el motivo de sus desvelos.
El llamado al “pueblo” para que se movilice no sería para evitar un supuesto golpe de Estado, sino para pretender sepultar un fraude electoral, producto de la utilización de miles de millones de pesos que no estaban permitidos por la ley.
Sanción del Grupo Egmont a Colombia: terroristas y mafiosos a sus anchas
Por cuenta del supuesto “golpe de Estado”, que solo existe en la cabeza de Petro, la opinión pública no ha centrado su atención en la decisión que tomó el llamado Grupo Egmont de suspender a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. La decisión es gravísima, puesto que Egmont reúne a las oficinas de inteligencia financiera del mundo.
¿Por qué se tomó la decisión? Porque –según el propio director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás– el presidente Petro leyó la carta que el Impa de Israel le envió a su despacho, en la que se refería a la supuesta compra del software espía Pegasus por parte de Colombia en el gobierno de Iván Duque.
En su alocución, durante el paro camionero, Petro informó al país sobre la supuesta compra por parte de la Dipol por un valor de 11 millones de dólares a una empresa israelí, para espiar celulares en medio del estallido social y antes de la campaña presidencial. Es decir, Petro habría hecho uso indebido de información reservada y por ello habría violado normas internas de Egmont.
¿Eso qué significa? Que –por cuenta de Petro haber violado la confidencialidad de un documento reservado– Colombia está por fuera del exclusivo circuito internacional de los países que luchan contra el narcotráfico y el terrorismo. Es decir, Colombia es hoy un “paraíso” para las organizaciones criminales y mafiosas del mundo, que pueden mover miles de millones de dólares o de cualquier otra moneda sin que puedan ser rastreados por la UIAF, encargada de ello en el país.
Medios de comunicación, de aliados a enemigos de Petro: ¿qué pasó?
El presidente tiene todo el derecho de defender su mandato. Para ello cuenta con recursos, herramientas y el aparato del Estado a su servicio. Pero también debe entender que su conducta y actos deben ser vigilados y confrontados por quienes consideren que su gobierno incurre en abusos o desafueros. Así ha sido siempre en Colombia con todos los presidentes, aunque Petro y sus seguidores lo nieguen.
En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, la vigilancia ejercida a todos los gobernantes no se puede ocultar. El proceso 8.000 y la “parapolitica” son tan solo dos ejemplos de la vigilancia ejercida por ellos. El propio Petro fue aliado de los periodistas cuando con valentía denunció, desde el Congreso, el maridaje criminal entre políticos y paramilitares.
Hoy –de forma irresponsable y peligrosa– la emprende contra los “malos periodistas”, solo porque lo investigan o lo confrontan, al tiempo que destaca la labor de los “buenos periodistas”, solo porque ni lo investigan ni lo confrontan. Esa visión maniquea es tan perversa como injusta con un oficio que tiene como valor supremo la búsqueda de la verdad.
