El presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, le dijo a EL HERALDO que las Comisiones Económicas Conjuntas actuaron con responsabilidad al hundir el pasado martes el Presupuesto 2025 presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y cuestionó el recorte por encima del promedio nacional que sufrió el Caribe en el proyecto de las finanzas públicas que ahora saldrá por decreto.
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El hecho atípico de que el Legislativo no aprobará el Presupuesto, señaló, “es una demostración de cuando no se quiere conciliar con el Congreso, cuando se tratan de imponer los temas legislativos a un poder público que es absolutamente independiente, que quiere discutir los temas, y hemos expresado en varias ocasiones que no podemos ser notarios de las iniciativas del Gobierno. Nos elegimos con 22 millones 600 mil votos”.
Frente a lo que viene ahora con la discusión de la Ley de Financiamiento por $12 billones, advirtió el jefe del Parlamento que “eso de tratar de imponer una reforma tributaria que ni siquiera se ha discutido, por $12 billones, no nos parece sano para la economía, mala señal se le envía al sector privado, a los ciudadanos, cuando el discurso es de reactivación de la economía pero esto va en la dirección contraria, porque la incertidumbre frena la inversión”.
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Para el conservador hay una “ecuación muy simple” se trata de “caen las utilidades empresariales y cae el recaudo tributario y es un contrasentido poder remediarlo con una reforma tributaria que genera más incertidumbre, más caída de la inversión”.
No obstante, afirma que se discutirá la Ley de Financiamiento con responsabilidad y lo que salga de allí, plantea, que se adicione al Presupuesto, “porque en la discusión del Presupuesto 2024 se nos dijo que el Gobierno era capaz de recaudar $15 billones adicionales en unos tribunales de arbitramento, el Congreso le dio el aval, y de eso no se recaudó nada, entonces vino el doloroso recorte de $20 billones, y había que actuar este año con responsabilidad y no firmarle otro cheque en blanco al Gobierno”.
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Al referirse a la sorpresiva ponencia de primer debate que contenía un recorte o una reasignación de recursos en la Organización Electoral, de acuerdo a lo que indicó el Ejecutivo, Cepeda expuso que “se enrareció aún más el debate cuando se presentó una ponencia diferente a las que habían firmado los ponentes, por ello varios retiraron sus firmas y se pretendió darle ese golpe a la democracia con un recorte sustancial a la Registraduría de unos $2,5 billones”.
En ese sentido, mencionó que el Gobierno dijo que “era un error y que eso había pasado a un fondo del Ministerio de Hacienda, pero eso equivale a pedirle al registrador que se compre unas rodilleras y vaya todos los meses a pedir que por favor le giren los recursos si quieren o no. Y con el hundimiento de este Presupuesto entra a regir el que presentó el Gobierno menos los $12 billones, y quedan intactos los recursos de la Registraduría y el CNE”.
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Acerca de la duda de si Petro decretará el Presupuesto por $523 billones o por $511 billones (sin los $12 billones de la Ley de Financiamiento), el senador conservador sostuvo que “el adagio popular dice que el papel aguanta todo, pero la Corte Constitucional no le puede dar paso y es una partida que no existe, de manera que no puede formar parte del Presupuesto. En la Corte se caerían los $12 billones”.
Y alrededor de la caída en la inversión pública del Caribe, comentó Cepeda que “si bien es cierto que la inversión nacional de 2025 cae con respecto a la de 2024 en un 17%, ese sería como el porcentaje que pudiera ser medianamente aceptable de recorte, pero al Atlántico se le recorta el 32 %: pasa de $3,1 billones a $2,1 billones, a Córdoba se le recorta el 36%; a La Guajira, un departamento sumido en la pobreza, se le recorta el 23 %; a Sucre el 37 %, para mencionar los de la Costa con mayor recorte”.
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Por ello, preguntó: “¿Qué le ha hecho la región Caribe al Gobierno para semejantes represalias, de recorte, de mirar para otro lado con las tarifas eléctricas que son un recibo expropiatorio mes a mes, y ahora se nos pretende imponer a Atlántico y Bolívar un impuesto de valorización, también confiscatorio, antitécnico, antijurídico?”.
