A la región Caribe con Gustavo Petro le pasa como a esas mujeres que son maltratadas por sus novios o esposos, pero siempre tienen la esperanza de que el abusador cambie su comportamiento. “Él va a cambiar, pero hay que tenerle un poco de paciencia”, dicen afligidas, pero esperanzadas.
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La verdad es que el tiempo pasa y el anhelado cambio nunca llega. En el caso de Petro, ya van más de dos años y nada que mejora la suerte de la región Caribe en sus manos. Todo lo contrario: cada vez la situación se pone peor.
Acaba de suceder con la no aprobación por parte del Congreso de la República del presupuesto del próximo año que había presentado el Gobierno nacional. Esa decisión del Legislativo obliga al Ejecutivo a sacar el presupuesto vía decreto presidencial.
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Es decir, habrá “dictadura fiscal”: Petro sacará el presupuesto como quería desde el comienzo y ello tendrá efectos inmediatos en la región Caribe.
Contrario a lo que dice Petro y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presupuesto no fue aprobado por el Congreso por cuenta de la testarudez del Gobierno, al pretender imponer una iniciativa de 523, 7 billones de pesos absolutamente desfinanciada en 12 billones, comparada con la del Congreso de la República, que era de 511,7 billones de pesos. Para cubrir esos 12 billones de pesos faltantes, Petro presentará una reforma tributaria –llamada falsamente “ley de financiamiento”– con el fin de tapar el hueco. La suerte de dicha ley en manos de los congresistas también es incierta y todo hace pensar que se hundirá.
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El presupuesto, en el caso de la región Caribe, será de 15,6 billones de pesos, 32 por ciento menos de lo que le correspondió el año pasado, que fue de 20,6 billones de pesos. Para decirlo sin rodeos, el próximo año los departamentos de la región Caribe tendrán 5 billones de pesos menos para invertir en obras, como escuelas, hospitales y carreteras. ¿Qué le hizo la región Caribe a Petro para que la trate tan mal? Lo único “malo” que hizo la región Caribe fue votar masivamente por el “candidato del cambio”.
En el caso de algunos departamentos de esta zona del país, el “tijeretazo” es monstruoso, como sucede con Sucre, Córdoba, Atlántico y La Guajira. Al primero le recortarán el presupuesto en un 37 por ciento, al segundo un 36 por ciento, al tercero un 32 por ciento, y al cuarto un 23 por ciento. El recorte de inversión en todos ellos está por encima del promedio nacional proyectado para el próximo año, que sería del 17 por ciento.
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Cada peso menos en inversión significa menos obras, menos progreso, menos desarrollo y menos competitividad. Cada peso menos significa para la región Caribe más pobreza, más atraso, más hambre, más informalidad y más desempleo. Es así de simple. Lástima que un presidente del “Caribe” no lo entienda.
¿Qué hacer ante la “motosierra” que le pasará el Gobierno nacional al presupuesto en lo que tiene que ver con la región Caribe?
¿Reforma tributaria con plata en los bancos y las fiduciarias?
Al pretender justificar el “tijeretazo” a las regiones, el director de Planeación Nacional, Alexander López, ha sido muy claro al afirmar que los gastos de funcionamiento no los van a tocar porque son muy “inflexibles”, igual pasa con los compromisos del pago de la deuda externa. Por ello el Gobierno hará los mayores recortes en la inversión. Haría bien –sin embargo– el director de Planeación Nacional en pegarse una pasada por los números destinados al funcionamiento del actual gobierno, antes de sacrificar la inversión en las regiones del país.
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¿Cómo se explica que en el gobierno de Petro los gastos de funcionamiento hayan crecido en un 20 por ciento? Es decir, con Petro en la Presidencia los gastos de funcionamiento del Gobierno nacional se han disparado en más de 100 billones de pesos. ¿No era este el gobierno de la moderación en el gasto? ¿No era el opositor Petro el que señalaba a todos los presidentes de ser despilfarradores y derrochadores en los gastos? Menos obras en las regiones y más burocracia en la nómina oficial, ¿ese es el nuevo lema del Gobierno?
Es hora de que la clase política se haga sentir
La clase política de la región Caribe tiene la obligación de hacerse sentir ante el Gobierno nacional, por cuenta del “tijeretazo” que se viene en la inversión para todos los departamentos. Son los congresistas quienes tendrán que pagar la cuenta de cobro de sus electores por el incumplimiento de sus promesas. Y es que Petro no desaprovecha oportunidad para señalar a senadores y representantes de todos los males de la región Caribe, como acaba de hacer en Córdoba.
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No se trata –¡ni más faltaba!– de justificar conductas reprochables, repudiables y condenables, de congresistas costeños que están siendo investigados por la Fiscalía o por los organismos de control por actos de corrupción. Que asuman su responsabilidad y paguen por sus delitos. Pero tampoco se puede –desde la jefatura del Estado– señalar a toda la clase política de la Costa de corrupta. Ya es hora de que los congresistas de la región Caribe se hagan respetar. ¡Que Petro diga con nombres y apellidos quiénes son los políticos de la Costa que participan del CVY! No hacerlo, como hace Petro cuando generaliza sin pruebas, es un acto tan irresponsable como peligroso y politiquero. Punto.
¿De qué ha servido un presidente “caribe”?
Mientras los recursos de inversión para Bogotá se incrementarán el próximo año en un 16,8 por ciento, los de Sucre disminuirán un -37,4 por ciento, los de Córdoba un -36,9 por ciento y los del Atlántico un -32,6 por ciento. ¿Cómo podrán ejecutar esos departamentos de la región Caribe sus planes de desarrollo? ¿Cómo construirán carreteras, escuelas y hospitales? ¿Cómo harán los gobernadores para cumplir sus promesas de campaña? Sin plata es muy difícil que puedan hacer las obras que prometieron. El centralismo bogotano –que se impone aunque tengamos presidente “caribe”– atenta contra las regiones, puesto que prefiere pasarles la “tijera” a los departamentos más deprimidos, antes que tocarle un peso a la capital del país.
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Menos mal que Petro prometió que en su gobierno ayudaría a los departamentos más pobres. Menos mal que Petro nació en Ciénaga de Oro y la primera dama, Verónica Alcocer, es sucreña. ¡Menos mal! Una vez más ha quedado demostrado que son los números los que hablan de los afectos de un gobierno por las regiones. No se trata de echar discursos, sino de hacer obras. Y las obras se hacen con plata. Los habitantes de La Mojana, o del Canal del Dique, o del San Jorge y el Sinú, esperan soluciones concretas a las tragedias que viven por cuenta del invierno, en lugar de un sartal de promesas y anuncios rimbombantes.
