El pasado viernes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó los cinco puntos de la propuesta del acuerdo nacional del gobierno del presidente Gustavo Petro “contra la violencia y por la democracia”.
La idea, explicó, es llegar a consensos mínimos entre distintos sectores ciudadanos, económicos, políticos y sociales para “respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia”.
Cualquier conversación nacional, agregó, debe darse en el marco de la Constitución de 1991.
La primera es la de la seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política, para “desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política”, en la que “la búsqueda de la paz seguirá siendo un propósito superior y en él se avanzará con los actores armados que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla”.
En el segundo punto, del respeto a las reglas electorales y al calendario electoral, se lee: “No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular”, y anuncian que cualquier cambio institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos en la Carta Política.
Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto es la tercera base, en la que se señala que es necesario dar un impulso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los PDET, en las que hay 170 municipios en las que viven 6,6 millones de colombianos: “Solo la intervención de esos territorios impedirá el reciclaje de las distintas violencias”.
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El cuarto tema tiene que ver con el crecimiento económico con equidad y la transformación de la economía, que plantea que “se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza”.
Y la quinta base del acuerdo es el compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales, que advierte que “es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz”.
Las reacciones políticas
El senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, destacó en EL HERALDO este acuerdo como “quizás el único camino que nos ayudaría avanzar como nación”, para “impulsar y sacar adelante las reformas y los cambios que el país reclama hace tiempo”.
Pero advierte que esos cinco puntos no son suficientes y anuncia por ello que propondrá que se incluyan otros temas, “especialmente desde las regiones, es decir, apostar a la descentralización del país en el abordaje de temas como el turismo o la prestación de servicios públicos, que vistos desde la necesidades de las regiones tendrían abordajes particulares”.
Entre tanto, la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó que mientras el ministro Cristo presenta como un gran ejemplo del acuerdo nacional la mesa técnica de la reforma a la salud, “el Gobierno sigue excluyendo sectores de esa mesa y desconociendo la reforma a la salud que propuso la bancada independiente. Una cosa dicen y otra cosa es la que hacen”.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, líder del sector oficialista de la Alianza Verde, saludó que “desde la Boyacá grande se haya dado a conocer la propuesta del acuerdo nacional, que tiene nuestro respaldo y compromiso: Esperamos que también sea este el camino para avanzar hacia la autonomía territorial. El país lo necesita”.
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Recordó el mandatario que ya se han dado pasos importantes, como la propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones, “y seguiremos insistiendo en que es el momento de mirar hacia las regiones”.
De otro lado, el ex gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, de extracción liberal, reconoció que un verdadero acuerdo nacional debe ser prioridad de Colombia, pero criticó: “Desafortunadamente no le creo al acuerdo nacional de Petro, fundamentalmente porque nació como estrategia tardía y secundaria y no como convicción”.
A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca Torres, de los verdes, planteó al Gobierno un punto adicional al acuerdo nacional: “La lucha contra la corrupción. Esta debe ser una causa nacional. Los recursos públicos son sagrados y deben servir para solucionar los problemas de las y los colombianos”.
El ex fiscal general de la Nación Francisco Barbosa sostuvo que el ministro Cristo habla de un acuerdo nacional, “pero el gobierno que representa ha demostrado lo contrario. En lugar de reconciliación y respeto, hemos visto linchamientos y ataques”.
Y el ex director del DAS, abogado penalista y analista político, Ramiro Bejarano, coincidió en que “el acuerdo nacional propuesto por el ministro Cristo es magnífico, el único problema es que no es de Petro”.
