El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó este miércoles el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que aumentaría las transferencias de recursos a las regiones.
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“Es posible avanzar en la promesa de 1991 de autonomía territorial sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país. Lo que es imposible es quedarnos estáticos ante el fracaso del centralismo para resolver los problemas de las regiones en las últimas décadas. Por eso, es clave lograr un acuerdo nacional alrededor de este propósito. El acto legislativo que avanza en el Congreso es solo el inicio de una hoja de ruta hacia la verdadera autonomía de las regiones”, indicó el jefe de la cartera política en sus redes sociales.
Precisó además que luego del trámite de esta reforma, “deberá discutirse y concertarse una Ley de Competencias de iniciativa gubernamental, requisito indispensable para aumentar los recursos del SGP. Tendremos dos años para ese debate en el Congreso. Sin la transferencia de competencias a los entes territoriales, no habrá un incremento en los recursos del SGP. El gran reto será equilibrar recursos y competencias en los próximos 12 años”.
Y concluyó que posteriormente deberán tramitarse leyes que fortalezcan los esquemas asociativos de municipios, las RAP y los tributos territoriales para continuar fortaleciendo la autonomía territorial.
“Se trata de una reforma estructural del Estado en el largo plazo en la cual debemos ponernos de acuerdo todos los colombianos”, puntualizó.
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El Ministerio de Gobierno, del mismo modo, publicó un ABC del proyecto, en el que recordó que el SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). Y que el SGP está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991 y se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
“Una reforma al SGP es fundamental para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo. Hoy día, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). La reforma constitucional presentada por el Gobierno Nacional, y que cursa su sexto de ocho debates en el Congreso de la República, busca que en adelante los entes territoriales reciban el 46,5% de los ICN para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, entre otros. La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios”.
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Ante el cuestionamiento de si quebrará la reforma a la Nación y si es fiscalmente insostenible, asevera la cartera política que no: “La reforma no solo ordena que la Nación transfiera más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios. Más plata para las regiones, pero también más obligaciones. La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero. No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los Estados territoriales. No hay más plata para las regiones si no se redefinen las competencias. La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica”.
Por ello señala que la redistribución de competencias entre la Nación y los territorios pretende otorgar mayores responsabilidades a las entidades territoriales: además de recibir más recursos, los territorios deben fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos, un paso hacia el cierre de las brechas regionales y una oportunidad para corregir desequilibrios históricos entre Bogotá y las regiones.
“La discusión alrededor de la reforma es quién maneja el poder y los recursos, la experiencia ya ha demostrado que concentrar poder y recursos en Bogotá no es efectivo ni eficaz. La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica”, se lee.
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Finalmente, asevera el Ministerio del Interior que la reforma al SGP no solo se puede considerar parte del Acuerdo Nacional, sino que probablemente es una de las piedras angulares sobre las que el país podrá sustentar las futuras discusiones –más allá de 2026, más allá del Gobierno Nacional–, sobre el rumbo que debe tomar el desarrollo territorial.
“Los entes territoriales en Colombia deben tener la capacidad de decidir cuál es la mejor manera de invertir los recursos para su desarrollo, es una conversación fundamental en el marco del Acuerdo Nacional; si no lo pueden hacer, difícilmente podrán superar los ciclos de violencia y la desigualdad. Esa es la conversación que no podemos olvidar: la Constitución de 1991 trajo la promesa de la autonomía territorial, pero hasta ahora no se ha concretado. La reforma es el primer paso para hacerlo”, concluye el abecé.
