Debido a las duras críticas que ha recibido desde distintos sectores políticos y económicos, el Gobierno y los ponentes de la reforma al SGP llegaron a un acuerdo para que el incremento de las transferencias a las regiones no suba del 21% al 46,5% sino hasta el 39%.
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Además, se condiciona la entrada en vigor del aumento de las transferencias a la expedición de la ley de competencias.
Así mismo, se extenderá la transición en dos años más, pasando de 10 a 12 años, comenzando este lapso cuando se expida la ley de competencias y esto no podrá ser antes de 2027.
También, el proyecto debe dejar claro que los recursos nuevos del SGP para financiar la educación deberán usarse para aumentar en cuatro años la cobertura escolar por persona.
En el articulado, de igual modo, debe quedar claro que el aumento del SGP es para cerrar las brechas que históricamente han padecido las regiones.
Y finalmente quedará expreso un artículo que condicione el aumento del SGP a la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció este lunes: “He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir el dinero de la Nación que va a los municipios bajo las siguientes condiciones: el aumento del 26% al 46% de los ingresos corrientes de la nación que se trasladan debe ser gradual”.
También señaló el jefe de Estado en sus redes sociales: “Debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir que se trasladan competencias que antes hacía la Nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal”.
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“La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y por tanto debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz”, se lee.
Añade el mandatario en este sentido que “el aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media”.
Y puntualizó que “ante el incremento sustancial del poder del municipio que el acto legislativo produce, se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto a profundidad, de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”.
