Tras la proposición firmada por unos 120 congresistas y la postura en contra por ejemplo de la Procuraduría, el Gobierno indicó que podría eliminar de su reforma a la justicia el polémico artículo que les rebajaba penas a abusadores y asesinos de niños a cambio de que confesaran su atroz crimen.
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Esto con el fin de salvar la reforma, pues los parlamentarios habían advertido que la iniciativa no pasaría siquiera su primer debate de permanecer allí la cuestionada norma.
De esta manera, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía acordarían retirar el artículo 7 del proyecto oficial.
La discusión atravesó la opinión pública, además, en medio de unas semanas terribles para la niñez en el país: Sofía Delgado, una niña de 12 años, desapareció a finales de septiembre en el Valle del Cauca, para luego ser hallado su pequeño cuerpo sin vida, al parecer por obra de uno de sus vecinos; Alexis Delgado, de tan solo 2 años de edad, fue enterrado la semana pasada en una finca de San Cayetano, Cundinamarca, tras haber sido abusado y torturado, supuestamente, por su tío político; y el pasado lunes un sujeto asesinó en Bogotá a sus hijos Santi Esteban y Susan Camila Beltrán, de 4 y 7 años de edad.
Todos estos casos, incluso, revivieron el viejo debate sobre la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos de niños, norma que en septiembre de 2021 fue tumbada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, advirtiendo sobre este Acto Legislativo 1 de 2020 ‘Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable’, que la proscripción de la pena de muerte y la cadena perpetua constituyeron un punto de partida de la Constitución de 1991, y son prohibiciones consustanciales a la identidad constitucional, y que, además, “no es una medida idónea para asegurar la protección de los NNA (niños, niñas y adolescentes) víctimas de los delitos que regula”.
Las cifras, por supuesto, son tremendamente dolorosas en el país: entre enero y agosto, 375 fueron víctimas de homicidio, según Medicina Legal. Mientras que en el mismo lapso de 2023 fueron 393. Y durante los primeros ocho meses del año, se realizaron 11.871 exámenes médicos a menores por presunto abuso sexual.
A todo esto, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró el pasado jueves que no tiene “ningún inconveniente” frente a la eliminación del artículo de la reforma a la justicia: “Es importante entender que hay gente que a raíz de muchas cosas piensan, equivocadamente, que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente”.
Y es que, así mismo, desde hace dos semanas la Procuraduría ha venido reiterando su oposición frente a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, y durante la audiencia pública de la reforma a la justicia, el procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, advirtió que los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las víctimas. En este sentido, para el Ministerio Público la posibilidad de rebajar penas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos.
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Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, comentó a
EL HERALDO que “efectivamente no era muy positivo el pronóstico, el día que se defendió el artículo estaba todavía muy reciente este asesinato y violación de una menor y pues el proyecto no tenía mucha viabilidad, y normalmente los parlamentarios hacen cálculos más políticos que de otro tipo, por lo que oponerse a esta situación no les iba a generar muchos votos y eso explica esa situación y es entendible y es lo que es”.
Sin embargo, retoma el catedrático de la Universidad del Rosario, “creo que el proyecto apunta en la dirección correcta a combatir la impunidad en este tipo de delitos, a combatir la revictimización, y yo creo que mientras sigamos discutiendo si prisión perpetua, castración química, pena de muerte, lo que estamos es dando por sentado que los niños, niñas y adolescentes van a seguir siendo agredidos: no, el enfoque de la política pública debe ser hacia la prevención, hacia fortalecer los mecanismos de prevención y evitar que esto ocurra”.
A su vez, Iván Mattar, experto en derecho penal, puso de presente a este diario que “la determinación de la impunidad en Colombia supera el 80 %, y cuando los casos llegan efectivamente a juicio, aproximadamente el 57 % de estos son absueltos; entonces, eso implica que aquí hay que tomar algunas medidas que sean efectivas para lograr procesar delitos y sobre todo delitos tan graves como son las agresiones sexuales en contra de los niños:
Cuando se proponen rebajas de penas por aceptación de cargos, lo que se está buscando no es beneficiar al procesado, sino por el contrario es para que se garantice la condena, porque uno ve con frecuencia que la sociedad se queja del vencimiento de términos y de la duración de los procesos, pero por el otro lado también se quejan de estos beneficios”.
Para el penalista, la idea es “evitar ese vencimiento de términos, y segundo y más importante, para que se evite un nuevo evento de agresión sexual a un niño: para que en los casos en que haya indicios o antecedentes penales se pueda enviar efectivamente a la cárcel a una persona, porque muchas veces se imputa, se vencen los términos, la persona sale libre y comete nuevamente un delito”.
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Y concluye el jurista que “es entendible que a la ciudadanía le genere preocupación estas rebajas de penas, pero quienes se encargan de este tipo de proyectos deben hacer una pedagogía más adecuada, y estas son medidas de carácter democrático y necesarias para la administración de justicia y no pueden estar sometidas al debate de las personas porque son asuntos de una naturaleza tan compleja que no se puede esperar que sean socialmente aceptadas para que puedan ser implementadas, si fuera así al día de hoy aún tendríamos la guillotina”.
