En la plenaria de Cámara se agendó para este miércoles el segundo debate de la polémica reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Esto luego de que hace un par de semanas fuera aprobada la iniciativa oficialista en primer debate en la Comisión Primera de la misma cámara baja. El articulado deberá pasar otros dos debates en Senado antes del 20 de junio de 2025 para convertirse en ley.
La reforma tiene tres pilares fundamentales: financiación 100% estatal, donde se prohíba el recurso privado en las campañas políticas; listas cerradas y bloqueadas con cremallera para que las mujeres integren igualitariamente las corporaciones públicas; y un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, a través de una convocatoria pública, pero manteniendo la potestad en el Congreso.
No obstante, en la ponencia de segundo debate se cambia el artículo 7 que pretende modificar el artículo 265 de la Constitución, en el que ahora dice que el CNE “regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden”, cuando antes se leía: “Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral, así como de los procesos electorales en condiciones de inspección vigilancia y plenas garantías”.
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Y se eliminó la parte que trataba de los procesos electorales y la que habla sobre ejercer el control y revisión de las actuaciones y decisiones adoptadas por la Registraduría; así como se borró la función que pretende “ejercer el control y depuración del censo electoral de conformidad con la ley” por ser una responsabilidad de la Registraduría.
Y se acogió una proposición en la que se lee que “rl Consejo Nacional Electoral contará con una Unidad Técnica de Investigación encargada de investigar irregularidades en la financiación de campañas y publicidad electoral”.
En el aparte de las campañas políticas se agregó: “Será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política”.
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Y la obligatoriedad de las listas paritarias cerradas y bloqueadas entrará a regir a partir de las elecciones del año 2030 y no en 2027 como lo habían planteado al principio.
La reforma política fue radicada a finales de septiembre pasado po el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó además que busca avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 y acatar las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2016, fruto de ese acuerdo, frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.
Sobre la financiación 100% estatal de las campañas, dijo el jefe de la cartera política que la propuesta busca reducir la influencia indebida de los intereses privados y garantizar una competencia electoral más equitativa.
“Las donaciones, dádivas y regalos de ciudadanos a campañas quedarán prohibidas, así como la contratación de transporte para votantes el día de los comicios. Así mismo, se garantiza igualdad entre las fuerzas políticas en convivencia y se favorece la rendición de cuentas de las campañas ante los topes electorales”, explicó.
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En cuanto a la implementación de listas cerradas y en cremallera, garantizando la equidad de género, para las elecciones a Congreso, asambleas y concejos a partir de 2030, tiene como objetivo fortalecer la cohesión interna de los partidos y garantizar una representación más organizada y programática.
“Las listas cerradas garantizan una representación colectiva de los partidos previniendo conflictos internos. A su vez, los costos se ven reducidos por la eliminación de la competencia interna y la promoción de campañas conjuntas. Queremos partidos con militancia carnetizada, con democracia interna sólida y que sea esta la que decida los lugares de la lista y garantice la equidad de género en la política”, anotó el ministro.
Y frente a la creación de una autoridad electoral independiente de las fuerzas políticas “tiene como propósito asegurar un proceso electoral transparente y confiable. Al eliminar la influencia directa de los partidos sobre la autoridad electoral, se busca mayor imparcialidad y confianza ciudadana en los resultados”, sostuvo.
