Tras 14 horas de discusión, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el pasado miércoles, cerca de la medianoche, por 90 votos a 16, la polémica reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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El proyecto de acto legislativo, al que le restan seis debates y que consta de nueve artículos, reforma el sistema político, garantizando la financiación 100% estatal, las listas cerradas y en cremallera y la reforma a la autoridad electoral.
“Yo veo un ánimo de reforma política y por eso quiero pedirle a esta Cámara de Representantes avanzar en el fortalecimiento de partidos, en la lista única, en una financiación decente de las campañas, en una autoridad electoral independiente, que es el objetivo de cualquier reforma al sistema político”, aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, durante el debate.
Así mismo, el jefe de la cartera política acompañó la plenaria, insistiendo en el interés del Gobierno de llegar a los máximos consensos posibles, por lo que planteó crear una mesa técnica para estudiar y modificar el proyecto de acto legislativo incluyendo la mayor cantidad de voces posibles.
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“Esto tiene que ser parte de un acuerdo nacional, una reforma política, si no es por consenso, no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del Gobierno nacional. Démonos la oportunidad de tener una mesa técnica con participación de partidos de gobierno, independientes y de oposición. El Gobierno asume el compromiso con ustedes, hoy en esta plenaria, que no se va a quedar ninguna constancia sin revisar, sin discutir, sin buscar si es viable”, señaló el ministro.
El proyecto busca avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 e incluir las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de ese mismo año, basándose en tres pilares fundamentales: financiación 100% estatal de las campañas, listas cerradas a las corporaciones públicas con garantía de equidad de género y reforma a la autoridad electoral para hacerla independiente a las fuerzas políticas.
“La propuesta de financiar las campañas políticas exclusivamente con recursos estatales reduciría la influencia indebida de los intereses privados y garantizaría una competencia electoral más equitativa, por lo que las donaciones y aportes de cualquier tipo por parte de ciudadanos quedaría totalmente prohibida”, explicó Cristo Bustos.
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Mientras que la implementación de las listas cerradas, y en cremallera, precisó, garantizaría la equidad de género, evitaría conflictos internos en los partidos e incentivaría campañas conjuntas, lo que reduciría los costos de campaña.
Y la creación de una autoridad electoral independiente de las fuerzas políticas “aseguraría un proceso electoral transparente y confiable. Con esta reforma política se eliminaría la influencia directa de los partidos sobre la autoridad electoral logrando mayor imparcialidad y confianza ciudadana en los resultados”.
La iniciativa, que debe tener sus primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre, iba a discutirse artículo por artículo, pero por la demora en la discusión se agrupó el articulado. Ante esto, la oposición y sectores independientes advirtieron que se estaría procediendo con una reforma constitucional sin mayor deliberación.
Por ello Cristo se comprometió a hacer la mesa técnica entre enero y febrero de cara a la segunda vuelta de cuatro debates más, que serían en el primer semestre de 2025.
Uno de los cambios incorporados fue al tema de doble militancia, para que no se incurra en ella cuando se apoye a alguien de otro partido pero que tiene acuerdos de coalición con la colectividad propia.
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Otras tuvo que ver con la obligatoriedad para que los partidos políticos tengan que acondicionar sus estatutos cuando haya cambios significativos en las normas políticas.
Y se incluyó una excepción a la obligatoriedad de que las listas a Congreso, asambleas y concejos sean paritarias, y esto será cuando la lista sea solo de mujeres o de personas con identidad de género diversas.
Además, para ser magistrado del CNE ya no solo se tendrá la obligación de ser abogado, sino que de igual manera se debe tener un título de posgrado en derecho electoral o asignaturas afines.
