Por medio de una solicitud formal enviada a la Corte Constitucional, este viernes se dio a conocer que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, pidió que se declare inexequible la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro respaldando así los argumentos de la senadora Paloma Valencia sobre las irregularidades de la ley de Reforma Pensional en el Congreso.
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La jefa del Ministerio Público, en un concepto enviado al alto tribunal, advirtió que, en la sesión del 14 de junio pasado, ante una proposición presentada de manera repentina por la bancada de Gobierno, la plenaria de la Cámara suspendió la discusión detallada que venía adelantando y aprobó apresuradamente la propuesta de acoger el texto del Senado adoptado en segundo debate.
“Aunque se habían introducido más de 60 modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la mesa directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”, indicó.
La solicitud realizada por la Procuradora general se conoce luego de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sobre la Ley 2381 de 2024, ley que fue cuestionada por presuntos vicios en su trámite legislativo, por varios aspectos de su contenido y que también hace parte de la reforma pensional.
“La actora sostiene que, en desconocimiento del artículo 157 Superior (principio de consecutividad), en el cuarto debate del trámite parlamentario de la iniciativa que originó la Ley 2381 de 2024, la Plenaria de la Cámara de Representantes “eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República sin que hubiese deliberación, ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes con la ponencia del segundo debate”, se lee en el comunicado.
Según explica a demandante, este hecho contravendría la normativa que exige una revisión detallada de los proyectos de ley antes de su sanción final.
Así mismo, puso de presente que la intempestiva presentación de la proposición para adoptar el texto del Senado impidió que los congresistas tuvieran el tiempo suficiente para consultar y analizar de forma racional las disposiciones que serían objeto de deliberación, lo que comprometió la seriedad y transparencia del proceso legislativo.
“Las limitaciones de tiempo para intervenir (dos minutos por vocero de cada partido político), sumadas a la presión para votar rápidamente, impidieron una deliberación adecuada, especialmente en un tema tan complejo y técnico como el sistema pensional, que afecta directamente los derechos fundamentales de la población”, añadió la titular del ente de control disciplinario.
También cuestionó la negativa de la mesa directiva de ampliar el tiempo para la deliberación y la falta de disposición para escuchar a la oposición. Aunque varios congresistas solicitaron un mayor espacio para discutir la reforma, se desestimaron esas solicitudes y se cerró el debate de manera prematura, afectando el principio democrático, que exige una discusión abierta y plural.
“Aunque en la propuesta de acoger el texto aprobado por el Senado se incluyeron una serie de afirmaciones dirigidas a justificar la rápida deliberación, en la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes. (...) En ese contexto, los debates realizados tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes tienen el mismo peso en el proceso de aprobación de los proyectos de ley, por lo que ninguno de ellos puede ser eludido. En efecto, cada uno debe llevarse a cabo, ya que ello asegura el cumplimiento de la ‘consecutividad’ que ordena nuestra Carta Política”, aseveró Cabello.
Por ello, la procuradora general de la Nación pidió al alto tribunal guardián de la Carta Magna declarar la inexequibilidad de la ley en su totalidad, porque se configuró un vicio que la jurisprudencia constitucional ha considerado insubsanable, al afectar un elemento estructural del trámite legislativo, que es la deliberación en cada cámara.
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