La polémica reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro fue aprobada la semana pasada en segundo debate en la Cámara. El acto legislativo, al que le restan seis debates más, debe pasar dos de estos antes de mediados de diciembre en el Senado de la República.
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Esta enmienda constitucional tiene tres pilares fundamentales: financiación 100 % estatal de las campañas políticas, donde se prohiba el recurso privado; listas cerradas y bloqueadas con cremallera para que las mujeres integren equitativamente las corporaciones públicas; y un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, a través de una convocatoria pública, pero manteniendo la potestad en el Congreso.
Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Cristo, quien radicó el proyecto en septiembre pasado, ante las críticas por la poca discusión que dicen algunos sectores políticos que tuvieron los nueve artículos del acto legislativo, se comprometió a hacer una mesa técnica entre enero y febrero próximos de cara a la segunda vuelta de cuatro debates más, que deberán darse en el primer semestre de 2025.
Financiación
El ponente positivo de la reforma, el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, le dijo a EL HERALDO que “cuando el Estado financia directamente las campañas políticas y no se permite el ingreso de contratistas y particulares a las campañas, se está depurando la política; cuando un inversionista privado participa financiando una campaña espera posteriormente un retorno de su inversión y un retorno con utilidades y ahí es donde se genera el hecho de la corrupción de la política”.
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Pero el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, ponente negativo, advirtió en diálogo con este diario que “hoy hay por ejemplo reposiciones de votos de 2022 y 2023 que ni siquiera se han podido pagar por parte del Ministerio de Hacienda, imagínese qué sucedería si la financiación fuera total para las campañas desde la presidencia hasta un concejo municipal, y el Gobierno llegó al Congreso sin ningún tipo de aval fiscal ni proyección de cuánto podría costar eso, lo que es tremendamente inconveniente”.
Y añadió en este sentido que ninguna campaña a cualquier cargo de elección popular podría adelantar un pago de transporte o de alimentación por cuenta propia, “cómo moviliza usted 37 millones de colombianos para votar, cómo garantiza usted el transporte en zonas de periferia”.
Replica aquí el ponente gobiernista que hoy el Estado paga vía reposición de votos “en promedio por cada congresista de este país $825 millones, lo que pasa es que en algunas zonas del país le meten recursos de contratistas que disparan el valor de esas campañas y en sana lógica para hacer tres meses de campañas, propaganda electoral para imprimir y avisos de prensa están muy bien $825 millones por congresista”.
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Listas
Sobre las listas cerradas dijo Landínez que deben ser paritarias de genero, con alternancia hombre y mujer, pero además debe haber elecciones primarias simultáneas y obligatorias de todos los partidos para escoger el orden de esas listas y esas consultas deben ser financiadas por el Estado.
Cadavid, observa, de otra parte, que “no queda establecido dentro de la aprobación cuál sería el mecanismo para definir esas listas, ejemplo: cómo se definiría en un instante las listas del Partido Conservador o Liberal para una campaña al Senado, democracia interna es que los obliga a hacer elección interna o eso no queda establecido y deja vacíos”.
El CNE
La idea, afirma el parlamentario del Pacto, es “que exista un concurso de méritos y una mayor exigencia y unas inhabilidades mas fuertes para elegir a los miembros del CNE”.
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Y sobre el cuestionamiento acerca de si dejar que siga eligiendo estos magistrados el Congreso no es más de lo mismo, aseveró Landínez: “Por ejemplo, la entidad más respetada en Colombia es la Corte Constitucional, y a los magistrados de esta Corte los elige el Senado, y han sido la mejor Corte del país”.
De otro lado, el ponente del Centro Democrático cuestiona que con la reforma de Petro “lo primero es que se pierde una oportunidad de avanzar en una verdadera reforma política y nada bien le queda al Gobierno estar promoviendo modificaciones del Consejo Nacional Electoral cuando hoy está siendo investigado por ese organismo de manera formal la campaña presidencial”.
