Durante el debate de control político de este martes en la plenaria del Senado contra la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se criticó la baja ejecución y la duplicidad de funciones con siete entidades de la cartera recién creada.
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Al respecto, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, dijo que el Ministerio de la Igualdad enfrenta serios problemas en la ejecución de su presupuesto, duplica funciones con varias entidades y no cumple con la misionalidad para la que fue creada.
“Según los datos de ejecución presupuestal, el Ministerio de la Igualdad registró apenas un 0.4% de ejecución de los recursos asignados en 2023 y hasta septiembre de 2024 solo ha ejecutado un 1.6%. Este desempeño se encuentra muy por debajo de lo esperado, especialmente cuando se compara contra entidades y sectores adscritos al Gobierno Nacional”, aseguró el opositor.
Aseveró el parlamentario que aunque el sector de la Igualdad y Equidad recibe importantes recursos —con una asignación de aproximadamente $9.6 billones para 2023—, su baja ejecución afecta el cumplimiento de metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo y de muchos compromisos adquiridos en campaña: “A modo de comparación, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional para Sordos (Insor) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) han logrado ejecutorias mucho más altas dentro del sector que se supone lidera el Ministerio, lo que pone en evidencia fallas mucho más profundas”.
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De igual modo, señaló Motos que “la asignación de recursos para programas como Jóvenes en Paz, por ejemplo, ha sido comprometida y en buena medida obligada, pero los pagos están tardando más tiempo del indicado, lo que dificulta que el subsidio alcance tanto al número de personas que tenían previsto para 2024 como para el cuatrienio entero”.
Y según Función Pública, que el Ministerio de la Igualdad estaba duplicando funciones con al menos seis entidades, entre ellas, el Ministerio del Interior, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Dapre. Por eso, aunque hubo redefinición de competencias en ciertos casos, así como cambios de misionalidad y la eliminación de un par de consejerías, muchos grupos vulnerables como las comunidades étnicas, la población Lgtbi o algunos migrantes, aún no cuentan con rutas claras para acceder a la oferta del Estado, dijo el congresista.
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