La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, que serán citados a diligencia de indagatoria, por la supuesta comisión del delito de cohecho impropio, al hallarse “presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd)”.
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Se trata los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, senadora cordobesa del Partido Conservador; Wadith Alberto Manzur Imbett, representante cordobés del Partido Conservador; Juan Pablo Gallo Maya, senador liberal; Julián Peinado Ramírez, senador del Partido Liberal; Karen Astrith Manrique Olarte, de las curules de víctimas y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, ex representante de la Alianza Verde.
“Lo investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd. En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, explica la Sala de Instrucción.
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Agrega en este sentido la Corte que en los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 14 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023.
Y aclaró el alto tribunal que en la investigación preliminar abierta por el magistrado instructor también se encuentra el senador Julio Elías Chagüi Flórez, cordobés de La U, pero en su caso, la Corte consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala “corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento. Por tratarse de hechos distintos, se decidió enviar a reparto lo correspondiente al aforado Chagüi Flórez, para que, en otro radicado, se asigne un magistrado para que conozca de tales señalamientos”.
La semana pasada, la Corte Suprema también había anunciado que escuchará en indagatoria a los congresistas Iván Name, atlanticense de la Alianza Verde, y Andrés Calle, cordobés del Partido Liberal, el 25 y 27 de noviembre, respectivamente, en el marco de la investigación por el escándalo de la Ungrd.
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Name y Calle fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, ya que los congresistas “habrían intervenido” como “presidentes del Senado y la Cámara de Representantes” y “habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres” de la Ungrd, Sneyder Pinilla, procesado en este caso.
“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)”, detalló el alto tribunal.
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La Fiscalía, a principios de agosto pasado, durante la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector Pinilla y el contratista Luis López, conocido como El Pastuso, indicó que López afirmó en interrogatorio que el aparente pacto criminal que había, inicialmente, supuestamente contemplaba no pagos en efectivo sino contratos con coimas: “Había que cumplirles, entregarles unos contratos, me habló de montos, me dijo $60 mil a Name y un poco más de $10 mil a Calle, en contratos. (…) Finalmente terminarían siendo no solo $1.000 millones al representante de la Cámara, presidente de la Cámara, doctor Andrés Calle, sino $3.000 millones al presidente del Senado y senador Iván Name. Es una orden que recibo y la transmití al subdirector de Manejo, Sneyder Pinilla”.
Dijo la fiscal del caso que Olmedo López “coordinó con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso, esto es: Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”.
