Este miércoles, en una decisión histórica para el país, el Congreso de la República aprobó unánimemente la prohibición del matrimonio infantil, eliminando del Código Civil la posibilidad de que personas mayores de 14 años se casen con el consentimiento de sus padres.
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Se trata de una reforma que engloba el resultado de una década de intentos legislativos fallidos y se convierte en un avance en la protección de los derechos de la niñez en el país, anulando una disposición que, sorprendentemente, se mantuvo vigente desde el año 1887.
De acuerdo con lo que se conoció tras la decisión en el Senado, el nuevo marco legal también permitirá que niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentren en matrimonios o uniones de hecho puedan disolver estos vínculos, protegiéndolos así de situaciones que en muchos casos afectan su desarrollo y bienestar.
Esta medida, promovida por la senadora Clara López y la representante Jennifer Pedraza, fue acompañada por el lema “Son niñas, no esposas”, y contó con el respaldo de todas las bancadas del Senado.
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Además, la misma fue respaldada por diferentes organizaciones como Profamilia, Alianza para la Niñez, Save the Children, Valientes, la ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Unesco, y de instituciones como la Universidad Nacional, la de los Andes y la del Externado.
“Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron, el Congreso aprobó el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil. Esto es un triunfo de todas y todos”, señaló la representante Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, luego de la aprobación de la reforma.
Hubo diferencias en el debate
Uno de los puntos de controversia en el proyecto fue el artículo 15, que abordaba las estrategias de prevención en instituciones educativas.
La senadora Karina Espinosa, junto con sectores conservadores, propuso que este artículo estableciera claramente un enfoque en “sexo biológico” y solo en las categorías de “hombre y mujer”, además de excluir temas relacionados con el aborto. Sin embargo, la proposición fue rechazada.
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Otra propuesta de la senadora Aida Quilcué solicitaba un enfoque diferencial para que las políticas públicas fueran concertadas con las comunidades indígenas antes de su implementación en sus territorios. Esta también fue rechazada, bajo el argumento de que la medida debía aplicarse sin excepciones a nivel nacional.
Qué se logró con la aprobación de la reforma
Con la aprobación del proyecto, se creará una política pública dirigida a la sensibilización y educación sobre las consecuencias del matrimonio infantil, así como un Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para menores de edad, con el objetivo de brindarles alternativas y recursos para su desarrollo integral.
Según datos de Unicef y el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, para el año 2018, alrededor de 340.083 niñas y adolescentes (8,6 %) y 133.293 niños y adolescentes (3,2 %) estaban o habían estado en matrimonios o uniones tempranas.
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Un informe de la Unicef sobre matrimonios infantiles en Colombia entre 2010 y 2020 destaca que el país ocupa el puesto 20 a nivel mundial en número de niñas casadas o unidas antes de los 15 años, con una prevalencia mayor en regiones con altos índices de pobreza multidimensional, como Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira y Caquetá.
Durante el debate, la senadora María José Pizarro señaló la vulnerabilidad de las menores en estas situaciones, indicando que aproximadamente el 70 % de las niñas casadas terminan siendo madres solteras, abandonadas tras ser forzadas a relaciones sexuales y embarazos tempranos. En este sentido, la reforma se presenta, por tanto, como una medida que busca prevenir estas situaciones y ofrecer a los menores un entorno seguro y protector.
Reacciones
A la espera de la sanción presidencial, la representante Vásquez, quien participó activamente en la movilización de votos, celebró el avance de la iniciativa tras ocho intentos fallidos previos: “Le cumplimos a las niñas, niños y adolescentes. Después de 8 intentos fallidos, no puedo estar más feliz el día de hoy”.
Por otro lado, Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, expresó que la eliminación del matrimonio infantil en Colombia representa un compromiso necesario para crear entornos seguros para los menores de edad y reforzar los derechos de la niñez.
“La eliminación del matrimonio infantil era una deuda histórica con la niñez del país. De ahí que debemos seguir avanzando de manera conjunta y articulada para hacer realidad la ley: procesos educativos y pedagógicos, políticas públicas y la construcción de estrategias que nos ayuden a construir entornos seguros y protectores para todas las niñas, niños y adolescentes del país”, concluyó la ejecutiva.
