De las seis reformas del Gobierno que cursan en el Congreso, esta semana solo se aprobó en su primer debate la de justicia, mientras que la de salud, también en su primer debate, avanzó tímidamente con 21 de sus 58 artículos avalados.
El proyecto de ley de la reforma a la justicia pasó el miércoles pasado su primer examen en la Comisión Primera del Senado con 13 votos a favor. La iniciativa, presentada por el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, busca “descongestionar el sistema judicial, combatir la impunidad y dar mayor celeridad a los procesos judiciales”.
El articulado aprobado pasará en los próximos días a debate en la Plenaria del Senado y, según el Ministerio de Justicia, “mantiene los cambios propuestos sobre la justicia premial y la reparación integral como causal para la terminación de los procesos”.
El Ministerio de Hacienda aseguró que el proyecto “no generaría impacto fiscal, toda vez que no propone la creación ni de nuevos cargos ni de despachos judiciales ni requerirá asignar recursos adicionales”.
Esto luego de que se eliminara de la ponencia el polémico artículo 7 de la rebajas de penas para abusadores y asesinos de niños, lo que deja con mejores perspectivas a la iniciativa.
A esta misma célula legislativa de asuntos constitucionales en la cámara alta llegan ahora la reforma política, que debe pasar dos debates en el Senado antes de mediados de diciembre, y el polémico proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que es cuestionado por el fantasma de la expropiación exprés, que la oposición e independencia rechazan del articulado, mientras que el oficialismo afirma que no hay tal.
“La ciudadanía está expectante con que el Congreso tome decisiones en materia política. Al Congreso le llegó la hora de tomar decisiones para mejorar el sistema político”, dijo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.
Entre tanto, en la Comisión Séptima de la Cámara pasaron la ponencia positiva de la reforma a la salud 2.0 y casi la mitad de artículos de la iniciativa.
Entre los 21 artículos que tuvieron luz verde se destacan los relacionados con el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República para establecer un régimen especial laboral en el sector salud, y el mantenimiento de los regímenes especiales para las Fuerzas Militares y el magisterio.
También pasaron el punto que “garantiza la cobertura de servicios sociales complementarios como alojamiento y transporte a las personas que deben ser atendidas en otras ciudades, al igual que el que fomenta los créditos para que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) puedan saldar sus deudas y prestar un mejor servicio a los pacientes”.
No obstante, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) cuestionó los artículos que hacen referencia a la forma de contratación de los trabajadores en salud, uno que regula la contratación de las instituciones de salud del Estado, otro que ordena la creación de un régimen especial para los trabajadores de la salud de las entidades públicas, y uno más que le da continuidad al régimen privado con los lineamientos del Código Sustantivo del Trabajo.
“En nuestro sentir, con estas normas claramente nada cambia en la contratación laboral de los trabajadores de la salud, tan precaria actualmente. Van a continuar los abusos y el desconocimiento de derechos para los trabajadores, la intermediación ilegal, los contratos leoninos y con desventaja, los pagos retrasados de hasta ocho meses, y en general los vejámenes a los que nos tienen sometidos y acostumbrados”, se lee en el comunicado del gremio.
Para la Casa de Nariño es clave que se apruebe con prontitud el primer debate para que pase a la plenaria de la Cámara, donde también se espera que el trámite sea positivo para los ponentes. Sin embargo, las dificultades para esta reforma llegarían en su tránsito al Senado, donde en la legislatura pasada ya se hundió la primera reforma.
También hace trámite en el Capitolio la reforma al SGP para aumentar las transferencias a las regiones, a la que solo le hacen falta dos debates más en la Cámara, pero sobre la que el contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo esta semana que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y que es necesario que se redistribuyan los recursos para tener una sostenibilidad fiscal.
“El reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales y garantizar el equilibrio fiscal de la nación. Pues si eso no ocurre, es muy probable que la Corte declare inexequible una reforma que no garantice la estabilidad fiscal y hay riesgo de que baje la calificación del país”, señaló.
