El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, envió una carta a la JEP exigiéndole que no haga generalizaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’.
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La colectividad uribista reconoció “el impacto devastador de los denominados ‘falsos positivos’, tanto para las víctimas y sus familias como para la credibilidad de nuestra fuerza pública. Cada acto de esta naturaleza representa una profunda afrenta contra los derechos humanos, la dignidad de las personas y la legitimidad de nuestras instituciones”.
Defendieron además las medidas que se tomaron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido opositor, afirmando que “se implementaron medidas claras y consistentes para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.
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Niega en este sentido la colectividad que el concepto de ‘body counting’ o conteo de cuerpos hubiese sido “mencionado ni adoptado como política en dicho gobierno. Por el contrario, este término fue utilizado públicamente en otras administraciones posteriores”, añadiendo que “las afirmaciones que sugieren la existencia de una ‘política estatal de conteo de cuerpos’ carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del gobierno nacional por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad”.
Advierte además el partido uribista sobre el riesgo de que la JEP se convierta “en un instrumento de persecución política”.
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Esto luego de que los magistrados del tribunal de paz, Alejandro Ramelli, Catalina Díaz y Óscar Parra, señalaran al diario El Espectador que “en seis autos expedidos en los últimos tres años, hemos determinado que en Colombia existió un patrón de acción criminal de asesinatos y desapariciones forzadas por parte de miembros del Ejército. Con abrumadora evidencia, demostramos que fueron crímenes de guerra, además de crímenes de lesa humanidad, porque se cometieron de manera masiva y sistemática”.
