Mientras el presidente Gustavo Petro divaga sobre lo humano y lo divino, y se ocupa de asuntos internacionales que poco o nada interesan al colombiano de a pie, la agenda nacional sigue sin resolverse, en especial la que tiene que ver con la región Caribe.
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En efecto, Petro engavetó proyectos fundamentales para el desarrollo y la competitividad de la región, al tiempo que tomó decisiones con efectos nefastos para millones de sus habitantes.
Uno de los proyectos de infraestructura más importantes del Caribe, que está a punto de naufragar en manos de Petro, es la restauración ambiental del canal del Dique. Por increíble que parezca, al gobierno que más ha hablado de la importancia del medio ambiente en los últimos años no le importa la suerte de esta iniciativa, que favorecería directamente a tres de los ocho departamentos de la región y beneficiaría a 1,7 millones de sus habitantes.
Esta semana la Contraloría General de la República advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente que dicha obra podría sufrir la terminación anticipada del contrato de concesión. Ello significaría no solo la muerte del proyecto, sino el desembolso por parte de la nación a favor del concesionario de la suma de 350.000 millones de pesos por obras menores que ha realizado, entre ellas el dragado en sectores del canal y el mejoramiento de algunas vías.
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La desidia de Petro y de sus funcionarios, entre ellos la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, así como su indiferencia con la suerte de las obras de la Costa tienen agonizando un contrato de más de $3,2 billones que pondría fin a los suplicios de las inundaciones del sur del Atlántico, así como al grave deterioro ambiental de la bahía de Cartagena.
En términos medioambientales no hay obra más beneficiosa para la región que la restauración del canal del Dique, pues pondría fin a las inundaciones durante el invierno y la sequía y el desabastecimiento de agua durante el verano. Los habitantes del Caribe –en especial los más pobres– sufren por igual con el invierno y el verano. A ello habría que agregarle que las obras acabarían con la grave sedimentación que presenta la bahía de Cartagena por cuenta de las aguas que le vierte el Dique.
La otra decisión nefasta de Petro contra Barranquilla y Cartagena es su testarudez por mantener el cobro de valorización en los predios ubicados entre las dos ciudades, pese a las masivas voces de protesta de quienes rechazan la medida. El clamor no ha sido escuchado ni por Petro ni por su ministra de Transporte, María Constanza García, quienes insisten en cobrar el gravamen a los predios ubicados en Vía al Mar, así como a los de la Circunvalar de la Prosperidad.
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La medida se encuentra demandada ante la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la misma. El cobro de valorización significa para el Gobierno nacional recibir unos 700.000 millones de pesos, que serían destinados de manera discrecional por Petro –que no desaprovecha oportunidad para actuar contra Barranquilla–, quien decidirá a placer a dónde manda la plata que recoja de los dueños de los predios de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo deben actuar alcaldes, gobernadores y congresistas del Caribe ante las medidas del gobierno Petro, que afectan gravemente a los habitantes de la región?
Canal del Dique: tres departamentos y 1,7 millones de personas a la deriva
El daño que causaría la terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración del canal del Dique es inconmensurable. Sería mortal para el medio ambiente, desarrollo y competitividad de la región Caribe. Petro no ha sido capaz de mover un solo dedo para que esta obra se haga.
Su indiferencia con la iniciativa la tiene hoy agonizando. ¿Qué pasó con las autorizaciones que debía expedir la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), pese a que no se requería de la expedición de las mismas, como quedó claro cuando se adjudicó el contrato? ¿Qué pasó con el protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para establecer la posible presencia de víctimas del conflicto armado en el canal del Dique? ¿Qué pasó con las consultas previas con las comunidades de los sectores que se verían afectados por las obras? Por increíble que parezca, más de dos años después de iniciado el gobierno Petro, ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Está visto que al Gobierno no le interesa el tema.
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A Petro no le importan ni las exigencias ni los requerimientos de la Procuraduría General, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello; ni tampoco los llamados de atención del contralor general, Carlos Rodríguez Becerra. Todo le resbala. Tres departamentos dependen de la obra: Bolívar, Atlántico y Sucre. Más de 15 municipios son afectados directamente, así como cerca de 1,7 millones de personas. Y aun así al gobierno de Petro lo que pase con todos ellos le importa un comino. Esa es la triste realidad. Punto.
Petro no tiene una sola obra que mostrar en la región Caribe
No es hora de candidaturas presidenciales. Todo día trae su afán. Por ahora lo más importante para los congresistas de la región Caribe –la bancada más grande del Congreso– es trabajar por los hombres y mujeres del Caribe, quienes padecen todos los días los efectos de un gobierno que –por desgracia– no supo interpretar sus ilusiones y su sufrimiento. El gobierno de Petro no tiene una sola obra que mostrar en la Costa Atlántica.
¡Ni una sola! Una de las pocas que pudo mostrar se encargó de sepultarla: la restauración del canal del Dique. La obra de infraestructura más importante de la región Caribe agoniza en manos de Petro. Su mezquindad impidió que una obra que había sido adjudicada y que tenía los recursos para su ejecución hoy sea un sueño frustrado más. La recuperación de La Mojana también naufragó en sus manos. El boquete de Cara ‘e gato seguirá abierto, porque para el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, es más importante defender a Maduro y “cocinar” su eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá.
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Los viaductos Barranquilla-Ciénaga también terminaron engavetados en los escritorios de Bogotá. Mientras el mar se come la carretera todos los días, poniendo en peligro la vida de quienes transitan por ella, Petro y sus funcionarios de transporte y medio ambiente hablan y hablan carreta sin tomar una sola medida que solucione la crisis.
Bancada Caribe: ¡a redefinir nueva agenda legislativa que favorezca a la Costa!
La Bancada Caribe –tanto del Senado como de la Cámara– tiene que hacerse sentir ante el Gobierno nacional para poner fin a los constantes atropellos contra la región. Punto. Ya está bueno de tanta zalamería y condescendencia con un gobierno al que poco o nada le importa nuestra suerte. No es un asunto de partidos, ni de color político.
A la hora de las justas reclamaciones, la región Caribe debe hacerse sentir como un todo. La mezquindad que hasta ahora ha mostrado nuestra clase dirigente –motivada por aspiraciones individuales y partidistas– solo ha servido para que cada día el Gobierno nacional nos apriete más la soga que tenemos en el cuello.
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De ahora en adelante, ninguna ley de la República debería ser aprobada por la Bancada Caribe si no responde a las urgentes necesidades que tienen los habitantes de la región. El presidente del Senado, el barranquillero Efraín Cepeda, está llamado a convocar a toda la Bancada Caribe para redefinir la nueva agenda legislativa, en la que tendrán prioridad aquellas iniciativas que beneficien y contribuyan al progreso de los habitantes de esta zona del país. ¡Ya está bueno de obedecer como borregos los mandatos de un gobierno cuya agenda atenta contra el bienestar de millones de habitantes de la región Caribe!
Vía al Mar: ¡no hay plata para pagar una valorización tan ilegal como injusta!
Los alcaldes de Barranquilla, Alejandro Char, y de Cartagena, Dumek Turbay, han expresado su rechazo al cobro de valorización en los predios ubicados entre las dos ciudades, tanto en la Vía al Mar como en la llamada Circunvalar de la Prosperidad. Los mandatarios interpretan el sentir de millones de personas que se verán afectadas a partir del primer trimestre del próximo año con el cobro de esta contribución. Los predios recibirán una facturación dependiendo de su grado de beneficio con las obras, entre uno y tres impuestos prediales.
Mientras las demandas interpuestas ante las entidades competentes son resueltas, los afectados por la medida deberán hacer los pagos correspondientes. ¿Quienes están en capacidad de hacer dichos pagos, si la situación económica es angustiante para todos, no solo para los “ricos” a los que tanto persigue Petro? ¿De dónde saldrán los recursos para pagar una valorización tan ilegal como injusta, que –además– beneficiará a otras zonas del país, distintas al lugar donde se paga? ¿Cuál es el interés de Petro por disponer de 700.000 millones de pesos para hacer política en tiempos electorales? ¿Qué tiene que decir la Corte Constitucional sobre una medida que atenta contra los principios rectores de nuestra Carta Política, como la igualdad?
