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En un comunicado, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, aseguró que no se responderán a los cargos formulados por el CNE.

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La defensa insistió en que el organismo electoral “carece de competencia para investigar al mandatario”, ya que está amparado por el fuero especial constitucional que lo protege como jefe de Estado.

Como se sabe, el apoderado del jefe de Estado ha reiterado que el órgano electoral no cuenta con la “competencia” para llevar adelante el proceso por las supuestas irregularidades cometidas en la campaña de 2022.

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La posición del abogado fue ratificada mediante una carta dirigida a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que enfatizó que el primer mandatario no responderá a los cargos por presunta violación de los topes de financiación durante su campaña presidencial.

Según explicó el abogado, el único ente con atribuciones para investigar al presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al ser esta la instancia encargada de juzgar a un jefe de Estado en ejercicio. Además, sostuvo que la actuación del CNE vulnera precedentes establecidos en sentencias de la Corte Constitucional, las cuales delimitan claramente las competencias de las instituciones frente a altos dignatarios.

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Carvajal también alegó que el tribunal electoral perdió la potestad de recibir denuncias relacionadas con los gastos de campaña pasados 30 días de las elecciones presidenciales, celebradas el 19 de junio de 2022.

Según su interpretación, esta caducidad administrativa refuerza la inaplicabilidad de las sanciones por parte del CNE. Sin embargo, dejó claro que Petro se someterá a las decisiones de las instancias que, dentro del marco legal y constitucional, sean consideradas competentes.

La investigación y los cargos formulados

El CNE inició un proceso basado en la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes señalaron supuestas irregularidades por 5.355 millones de pesos en la campaña de Petro.

Estos recursos habrían sido utilizados para actividades como transporte aéreo, publicidad y contratación de testigos electorales. A partir de estos hallazgos, el organismo electoral citó tanto al presidente como al gerente de campaña, Ricardo Roa, para rendir cuentas.

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No obstante, la defensa del mandatario considera que esta decisión no solo excede las competencias del CNE, sino que podría representar un precedente negativo para la estabilidad institucional del país.

De hecho, Carvajal argumentó que atribuir esta responsabilidad a un órgano administrativo de menor jerarquía pone en entredicho la figura del presidente de la República como máxima autoridad.