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La Comisión Primera del Senado aprobó este lunes, en tercer debate, la reforma política presentada por el Gobierno Nacional, una iniciativa que introduce significativas modificaciones al sistema político del país.

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Entre los puntos aprobados, destaca la reincorporación del artículo que permite el transfuguismo, así como medidas enfocadas en la financiación de campañas y la equidad de género en las listas electorales.

El proyecto de reforma, liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, contempla la posibilidad de que los congresistas renuncien a su curul y se postulen en las siguientes elecciones por un partido diferente al que representaban originalmente.

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Esto podrá realizarse una sola vez en el cuatrienio, hasta un mes antes del inicio del periodo de inscripción. La medida busca flexibilizar la participación política sin obligar a los legisladores a abandonar sus cargos de inmediato.

Además, la reforma establece que las listas para elecciones a corporaciones públicas, como el Congreso, las asambleas y los concejos, deberán ser cerradas y cumplir con criterios de paridad de género. Este cambio, introducido en el artículo 5 del proyecto, busca garantizar una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en las corporaciones electas.

También plantea modificaciones a la financiación de campañas y sanciones a partidos

Uno de los debates más controvertidos durante la sesión estuvo relacionado con el modelo de financiación de las campañas políticas. Aunque inicialmente se propuso que el financiamiento fuera exclusivamente estatal, la versión aprobada establece un esquema preponderantemente cubierto por el Estado, permitiendo la participación de aportes privados.

Esta decisión generó un intenso intercambio entre los sectores políticos. Mientras los congresistas cercanos al Gobierno argumentaban que una financiación pública ayudaría a reducir el clientelismo, los opositores advertían sobre el riesgo de concentrar la dependencia de recursos en manos del Ejecutivo.

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En cuanto a las sanciones a los partidos políticos, el articulado establece que las colectividades serán responsables si los candidatos avalados, elegidos o no, son condenados por delitos cometidos antes de recibir el aval. Adicionalmente, se incluyó una disposición que amplía las sanciones a los partidos cuyos avalados enfrenten condenas por delitos sexuales o relacionados con violencias basadas en género.

Gratuidad en transporte y eliminación de artículos polémicos

El proyecto también incorpora medidas como la gratuidad en los servicios de transporte público el día de las elecciones, una estrategia con la que buscan facilitar la participación ciudadana en los comicios. Esta disposición fue aprobada junto con el artículo 3, que regula la financiación de campañas.

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Por otro lado, se eliminó del texto el artículo 2, que proponía una modificación al artículo 108 de la Constitución, incluyendo cambios al umbral electoral y la adquisición progresiva de derechos para movimientos políticos. Esta decisión implica que partidos como Comunes y otros movimientos emergentes no recibirán una protección especial para su personería jurídica en futuros comicios, quedando en igualdad de condiciones con las demás colectividades.

Con esta aprobación, la reforma política avanza hacia el cuarto y último debate en el Congreso.