Con la llegada de Diego Guevara, ya son tres los ministros de Hacienda que ha tenido Gustavo Petro en sus dos años largos de gobierno. No es buena señal que haya tanta inestabilidad en una cartera que lo que requiere es exactamente todo lo contrario: enviar mensajes tranquilizadores tanto a inversionistas como a mercados nacionales e internacionales. Meter al Ministerio de Hacienda en los vaivenes truculentos y turbulentos de la política siempre causa daños irreparables al país y termina pasando cuentas de cobro difíciles de pagar en materia de estabilidad económica.
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Y precisamente eso era lo que venía sucediendo con Bonilla al frente del Ministerio de Hacienda desde que estalló el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que lo tiene como protagonista de primer orden del que es quizás el mayor episodio de corrupción del gobierno Petro.
Cada nueva revelación sobre las coimas que se habrían pagado desde la Ungrd es peor que la anterior. La más reciente tiene también al ahora exministro Bonilla como protagonista, aunque no como denunciado, como venía sucediendo, sino como denunciante.
El asunto tiene que ver con la denuncia de Bonilla ante la Fiscalía sobre un supuesto caso de corrupción que involucraría al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como a Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente. Bonilla procedió de esta forma luego de recibir un mensaje vía WhatsApp según el cual Roa y Alcocer Petro estarían ejerciendo presiones a la junta directiva de la Hidroeléctrica de Urrá S.A. para favorecer al consorcio que construye el Parque Solar Urrá 19,9, que se encuentra en pleito por retrasos en las obras, cuyo monto es cercano a los 80.000 millones de pesos. La obra está a cargo del consorcio Lux Power 2022, integrado por las firmas Luxim Ingeniería SAS y Powerchina International Group Limited, sucursal Colombia.
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Ante la gravedad de la denuncia recibida, Bonilla remitió a la Fiscalía –como era su obligación– para que el organismo investigador esclarezca los hechos.
De acuerdo con investigaciones de varios medios de comunicación, entre ellos Blu Radio, El Tiempo y La Silla Vacía, el nombre de Óscar Felipe Rueda Plata figuraba –en septiembre del 2018– como representante legal suplente de Powerchina y actuó como apoderado especial de esa empresa cuando la misma se constituyó en Colombia.
¿Quién es Óscar Felipe Rueda Plata? Fue director comercial de Power China Limited, sucursal Colombia, desde agosto del 2015 hasta junio del 2021. De ahí pasó a Procolombia en 2023. Es hijo de Martha Plata y Óscar Orlando Rueda García. Rueda Plata es el jefe de la Oficina de Procolombia en China y su madre es hermana de Carolina Plata, una de las mejores amigas de la primera dama, Verónica Alcocer, madre de Nicolás Alcocer Petro. Una firma inmobiliaria en la que figura Martha Plata –Inmobiliaria Procomercio– tiene varios contratos con el Estado, según denunció La Silla Vacía. Carolina Plata –por su parte– ha tenido varios contratos de protocolo con las casas presidenciales por 20.000.000 de pesos mensuales. Su esposo –Danilo Romero– es uno de los mejores amigos de Ricardo Roa y de Gustavo Petro.
En el mensaje recibido por Bonilla también se menciona a Luz Amparo Muñoz Petro (“Lucía Muñoz”), al parecer dueña de Luxim Ingeniería SAS, y David Cerón, quien sería director de la misma. De acuerdo con la denuncia, Cerón se habría valido de su amistad con Alcocer Petro para presionar a los directivos de Urrá con el fin de obtener beneficios indebidos, así como la adjudicación del Parque Solar Inti II. Cerón es esposo de Muñoz Petro.
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Ante la gravedad del mensaje recibido por WhatsApp, el ahora exministro Bonilla procedió a trasladar la denuncia a la Fiscalía. El presidente Petro –sin embargo– desestimó la gravedad del mismo: “Es un simple anónimo mentiroso del mes de octubre entregado al Ministerio de Hacienda. Quieren dividirnos en peleas que ellos mismos se inventan”, escribió Petro en su cuenta de X.
Aunque no es Petro quien debe calificar como “mentiroso” el mensaje que recibió Bonilla –eso la harán la Fiscalía y las autoridades competentes– lo cierto es que luego de hacerse pública la denuncia, Petro le pidió la renuncia a quien era su ministro de Hacienda: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno”, escribió Petro.
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“El presidente Petro siempre estuvo enterado de mis acciones”: Bonilla
El mensaje de despedida del saliente ministro Bonilla no debe tener tranquilo al presidente Petro, sobre todo por la frase según la cual él siempre tuvo conocimiento de la actuación de quien era su ministro de Hacienda. Hasta el momento, lo que ha querido resaltar Petro es que Bonilla pecó por ingenuo y que fue “entrampado” por sectores políticos afines al uribismo. “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual.
Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de Minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio. (…)”. La frase de Bonilla –en respuesta a las afirmaciones de Petro– es contundente: “El presidente Petro siempre estuvo enterado de mis actuaciones”. Es decir, ninguna actuación de Bonilla como ministro de Hacienda –incluyendo su gestión ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público– fue a espaldas de Petro. Ni tampoco fue un comportamiento “ingenuo”, como pretende hacer creer Petro.
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“Pude cometer errores, pero no delitos”: Ricardo Bonilla
Toda la actuación de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda está siendo auscultada con cuidado por la Fiscalía. Habla bien del ahora exministro el hecho de que haya dado un paso al costado para asumir su defensa “como ciudadano y no como funcionario”. Su conducta ante los funcionarios de la Ungrd –Olmedo López y Sneyder Pinilla– así como ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público debe esclarecerse hasta que no quede un ápice de duda.
Lo que Bonilla llama errores podrían ser en realidad delitos muy graves, que comprometerían, inclusive, su propia libertad. Tanto los testimonios de López como de Pinilla, en lo que tiene que ver con el presunto pago de coimas a congresistas; así como el de Alejandra Benavides, su mano derecha en el ministerio y enlace ante el Congreso de la República, son muy graves. Ofrecer coimas o dádivas a congresistas –a cambio de obtener el respaldo a las iniciativas del Gobierno– son delitos tipificados y sancionados de forma drástica en el Código Penal.
Bonilla y su equipo de defensa deben desvirtuar esos gravísimos señalamientos. Punto.
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Tres ministros de Hacienda en dos años, mala señal
La mayor estabilidad de un gobierno debe darse en tres carteras: Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, de las tres la más inestable ha sido Hacienda, que tuvo como primer ministro a José Antonio Ocampo, luego a Ricardo Bonilla y ahora llega Diego Guevara, quien se venía desempeñando como viceministro. Ocampo salió en el primer remezón por diferencias con Petro, luego de lograr la aprobación de la reforma tributaria. Lo acompañaron en su salida la ministra de Agricultura Cecilia López y el de Educación Alejandro Gaviria.
A todos, Petro los señaló de ser muy “tibios” para las reformas que pretendía materializar en su gobierno. Bonilla se fue sin cumplir la tarea de sacar adelante la llamada “ley de financiamiento”, por cuenta de no lograr acuerdos con los partidos Liberal y Conservador y mucho menos con los opositores Cambio Radical y Centro Democrático. Aunque su salida y la llegada de Guevara tampoco garantiza la aprobación de dicha ley, lo cierto es que la permanencia de Bonilla en el cargo –en medio del escándalo de la Ungrd– imposibilitaba cualquier posibilidad de acuerdos o consensos.
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¿Qué hacer con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público?
El lamentable y vergonzoso episodio del ex ministro Bonilla –que terminó costándole la cabeza al frente de la cartera de Hacienda– debe servir para definir la suerte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una de las “herencias” de la Constitución de 1886 y una de las sobrevivientes en la Constitución de 1991. Sus integrantes tienen la función de aprobar las operaciones de crédito público externas de la nación.
Ese poder les permite a los congresistas que la integran “apretar” y “chantajear” a los ministros de Hacienda de turno, para que los favorezcan con contratos o nombramientos a cambio de apoyar los créditos internacionales del Gobierno. Hasta el momento ningún ministro ha podido eliminarla. El que más avanzó fue Alberto Carrasquilla en el 2006, pero fracasó en el último debate. Los congresistas –¡obviamente!– se opusieron a su eliminación. Esa vaca es muy lechera como para desaparecerla. Todos los ministros de Hacienda deben pagar “el peaje” de la Comisión de Crédito Público.
Por eso, el ahora exministro Bonilla habla de “maniobras dilatorias que dejan al ministro de turno en aprietos”. Los aprietos son tan delicados que no solo le costaron el puesto, sino que le pueden costar su libertad.
