En el marco este lunes de la audiencia pública sobre la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, convocada por la Comisión VI del Senado, el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que se debe destinar el 1% del PIB a la educación superior.
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Anunció en este sentido que se reunirá con el Ministerio de Hacienda “para acordar lo que debe ser el aval fiscal de este proyecto de ley y que lo podamos tener en este mismo mes, para que en el recorrido que tenga el proyecto en el Congreso de la República podamos estar tranquilos con que el Ministerio de Hacienda da su aval”.
Añadió que es necesario consolidar un nuevo esquema de financiación para las universidades públicas y resaltó la evolución de las transferencias de la Nación a las instituciones de educación superior, señalando que, mientras la matrícula ha crecido en un 176% entre 2000 y 2023, los recursos solo han aumentado en términos reales un 62%.
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La reforma propone un nuevo modelo de financiamiento que ajuste los recursos destinados a las instituciones de educación superior con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que resulte mayor.
También plantea “un incremento progresivo de la inversión para fortalecer la cobertura, permanencia y graduación de estudiantes, ampliar la oferta educativa en los más de 800 municipios sin instituciones de educación superior y mejorar las condiciones laborales de docentes y el bienestar estudiantil”.
La cartera educativa explicó que el siguiente paso será el primer debate en la Comisión Sexta del Senado.
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