La reforma pensional, aprobada en 2024 y considerada una de las propuestas más ambiciosas del actual gobierno, enfrenta ahora su prueba más difícil en la Corte Constitucional. Una ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar recomienda tumbar la norma al considerar que su trámite en el Congreso presentó serias irregularidades.
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De acuerdo con lo que reveló la ‘Revista Cambio’, el documento, radicado el pasado 14 de febrero bajo estrictas medidas de seguridad, señala que la Cámara de Representantes aprobó el texto sin un debate suficiente en el cuarto y último debate.
Según el análisis del magistrado, la votación se realizó sin discutir las más de 500 proposiciones presentadas, lo que violaría el principio de consecutividad y afectaría el modelo bicameral del Congreso.
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La ponencia en cuestión encuentra eco en la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, quien ha insistido en que este procedimiento afectó la legitimidad de la ley.
Además, el documento pone en la mira un punto especialmente polémico: el régimen pensional especial para comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas, el cual, según los demandantes, iría en contra del artículo 48 de la Constitución.
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Otro aspecto que genera debate es la tributación de las pensiones más altas. La reforma establece que quienes superen las 1000 Unidades de Valor Tributario (UVT) anuales deberán pagar impuesto de renta, una medida que ha sido respaldada por algunos sectores, pero rechazada por otros, que la consideran inconstitucional.
Este caso ha generado opiniones divididas. Mientras la Procuraduría respalda la ponencia del magistrado Ibáñez y sostiene que la aprobación apresurada de la reforma vulneró el proceso legislativo, hay expertos que plantean que el vicio de forma que se presentó podría subsanarse con la repetición del cuarto debate en la Cámara.
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Antes de definir el futuro de la reforma, la Corte deberá resolver un obstáculo adicional: el impedimento de la magistrada Diana Fajardo, quien argumenta un posible conflicto de interés al adelantar una demanda sobre traslado de régimen pensional.
Además, recientemente se negó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que despeja en parte el camino para que el alto tribunal tome una decisión.
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Siendo así las cosas, la Corte Constitucional tiene hasta el 28 de mayo para pronunciarse, aunque el plazo podría extenderse si se decide realizar una audiencia pública o si surgen nuevos incidentes en el proceso.
