Un recurso de recusación fue presentado contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, con el objetivo de apartarlo del proceso de revisión de la reforma pensional promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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La solicitud, de acuerdo con lo que dio a conocer ‘Blu radio’ fue presentada por el abogado Harold Castiblanco y está basada en la presunta falta de imparcialidad del magistrado debido a su trayectoria política y las circunstancias de su elección.
El principal argumento de la recusación es la militancia pasada de Ibáñez en las juventudes conservadoras y su desempeño como concejal por el Partido Conservador entre 1978 y 1980. Según Castiblanco, este antecedente genera dudas sobre su objetividad para decidir sobre una iniciativa considerada progresista, como es la reforma pensional del actual gobierno.
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Adicionalmente, la petición señala que la elección de Ibáñez como magistrado de la Corte Constitucional en 2020 fue respaldada por sectores políticos opositores al Gobierno de Petro. Entre estos se encuentran el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, lo que, según el abogado, podría influir en su postura frente a la demanda contra la reforma pensional presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
La reforma pensional es una de las iniciativas clave del Gobierno de Gustavo Petro, orientada a ampliar la cobertura y mejorar las condiciones del sistema de pensiones. No obstante, su constitucionalidad ha sido cuestionada y actualmente está siendo evaluada por la Corte Constitucional.
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En este contexto, según el abogado, con la recusación lo que se estaría buscando es garantizar un tribunal imparcial en la decisión final sobre la reforma.
Según el recurso presentado, la composición del Senado en 2020, cuando se eligió a Ibáñez, estaba dominada por partidos de centro-derecha. Esto, según Castiblanco, evidenciaría que la nominación del magistrado respondió a una mayoría legislativa alineada con el Gobierno de Iván Duque, lo que podría comprometer su independencia en la evaluación de la reforma pensional.
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La recusación también señala que la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma pensional podría representar un importante revés para el Gobierno Nacional.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional iniciará el estudio de la ponencia presentada por el magistrado Ibáñez en los próximos días, este recurso cobra especial importancia. La decisión que tome la institución sobre la recusación podría influir en el resultado final de la demanda contra la reforma pensional y, finalmente, en el desarrollo de futuras reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.
Entre las peticiones presentadas en la recusación se incluyen:
- Que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez sea apartado del conocimiento de cualquier proceso relacionado con la reforma pensional.
- Que se garantice la conformación de un tribunal imparcial para decidir sobre la constitucionalidad de la reforma.
- Que, en caso de no admitirse la recusación, se emita un pronunciamiento formal con los fundamentos jurídicos que justifiquen su improcedencia.
