El presidente Gustavo Petro envió a la Corte Constitucional una solicitud para que convoque audiencias públicas, con el fin de garantizar la “deliberación abierta, pública, pluralista y participativa en el marco de este proceso de control de constitucionalidad”.
“Esto -dice la solicitud de Petro a la Corte- con la finalidad de que los ciudadanos puedan aportar sus argumentos en relación con la constitucionalidad de la reforma pensional, que busca garantizar el derecho a la seguridad social de millones de colombianos y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo, inclusivo y sostenible”.
La solicitud de Petro a la Corte Constitucional estuvo precedida de una invitación a los presidentes de los altos tribunales para que se reunieran en la Casa de Nariño para dialogar sobre temas de interés nacional, que cursan en estos momentos en los despachos de los magistrados, entre ellos la reforma pensional y los decretos de conmoción interior.
Los presidentes de las altas cortes -de distintas maneras y con distintos argumentos- declinaron la invitación presidencial. Y está bien que así haya ocurrido. Nada tienen que hacer los máximos referentes de las altas cortes reunidos con Petro en su despacho para tratar asuntos que son única y exclusivamente del resorte de los altos tribunales.
Así como el presidente Petro tiene absoluta independencia para tomar decisiones relacionadas con su gobierno, entre ellas cambiar ministros y directores de organismos descentralizados, las altas cortes tienen la enorme responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principios legales y constitucionales que deben regir en el país. Su actuación no puede estar sujeta a presiones de cualquier tipo, mucho menos del Presidente de la República.
La Rama Legislativa, a su vez, también tiene su responsabilidad, que no es otra que la de tramitar y aprobar iniciativas y proyectos para que se conviertan en leyes. De igual manera, el Congreso convoca y lleva a cabo debates de control político y mociones de censura a altos funcionarios del gobierno.
Las funciones de cada una de las ramas del Poder Público están claramente establecidas en la Constitución. La separación de poderes y su independencia garantizan la supervivencia de nuestro sistema democrático.
Aunque son principios de riguroso acatamiento, en sus casi tres años de gobierno a Petro le ha costado entender sus trascendentales alcances. La solicitud a la Corte Constitucional para que “convoque audiencias públicas”, así como la invitación a la Casa de Nariño a los presidentes de las altas cortes, para que hablen de asuntos interés nacional, demuestran el preocupante desconocimiento de Petro sobre los pilares que sostienen nuestro sistema democrático.
Cuando se habla de relaciones “independientes y armónicas”, entre las ramas del Poder Público, se está hablando -precisamente- del respeto que debe existir entre ellas. Ninguna es subordinada de la otra, aunque quienes ejercen mandatos en la Rama Ejecutiva, como el Presidente de la República, crean que “los votos del pueblo” les garantiza prevalencia y dominio sobre la Rama Judicial y sobre la Legislativa, que también recibe mandato popular.
¿Dónde está escrito que los votos que eligen al Presidente tienen mayor peso que aquellos que eligen a los congresistas? En ninguna parte, aunque Petro y -¡quién lo creyera!- algunos congresistas crean que los primeros pesan más que los segundos.
¿Qué pretende Petro con su intromisión en asuntos exclusivos de las altas cortes? ¿Cuál es el verdadero propósito de Petro al comprometer la independencia y autonomía de las altas cortes?
Petro debe respetar la separación de poderes y la autonomía de la Corte Constitucional
Lo primero que debe saber Petro -y de hecho lo sabe- es que el “control de constitucionalidad”, por parte de la Corte Constitucional, debe darse sin ningún tipo de presión, sea velada o abierta. No está bien -por consiguiente- que pretenda incidir sobre los magistrados de la Corte Constitucional en momentos en que deben pronunciarse sobre la exequibilidad de la reforma pensional.
Convocar marchas del “pueblo” para que defiendan su reforma es no solo peligroso y torpe, sino abiertamente antidemocrático. Los magistrados de la Corte Constitucional -en su leal saber y entender- dirán si la reforma pensional tramitada en el Congreso cumplió con los requisitos de forma y de fondo, que permitan declarar su exequibilidad o no.
Amenazar con sacar a las calles a los “viejos y viejas” para que exijan a la Corte Constitucional la “salvación” de la ley es mezquino y ruin. No se puede llegar a esos extremos de manipulación. Petro -como cabeza del Poder Ejecutivo- debe respetar la independencia y autonomía de las otras dos ramas del Poder Público.
El hecho de que utilice y manosee al Legislativo con mermelada, porque los congresistas así lo permiten, no quiere decir que pueda hacer lo mismo con la Rama Judicial, en especial con las altas cortes.
¿La culpa es de la Corte Constitucional o del Gobierno y el Congreso?
Desde su trámite, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, al gobierno nacional y sus amigos congresistas, se les advirtió que si no cumplían con los requisitos del ley, la reforma pensional se podría hundir en la Corte Constitucional, como en efecto podría suceder en los próximos días.
Pero al gobierno y sus amigos les importó un comino todas las alarmas que se encendieron. Se pasaron por la faja las advertencias y aprobaron una ley a las patadas, pasando por encima de las observaciones de la oposición, cuyos voceros exigían una mayor transparencia, más discusión y escuchar voces de expertos en la materia.
Es decir, lo que ahora Petro le pide a la Corte Constitucional que haga -audiencias públicas, para un mejor conocimiento de los alcances de la reforma- fue lo que las directivas del Congreso y las bancadas gobiernistas negaron a los opositores del gobierno. El escenario natural para la celebración de “audiencias públicas” es el Congreso, no la Corte Constitucional.
De esta forma, el Congreso terminó aprobando una reforma inundada de vicios, tanto de forma como de fondo, que hoy tienen en peligro su supervivencia en la Corte Constitucional. ¿De quién es la culpa? ¿De la Corte Constitucional, cuyos magistrados deberán hacer su trabajo con absoluto apego a la Ley y la Constitución, o del Congreso y el Gobierno Nacional, que tramitaron y aprobaron una Ley que no cumple con los requisitos mínimos legales?
La voluntad del pueblo no consiste en presionar o irrespetar decisiones de las altas cortes
De manera respetuosa, pero contundente, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, respondió la solicitud de Petro de reunirse con él en la Casa de Nariño.
“A la Corte Constitucional en sala plena -respondió el magistrado Ibáñez- le corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia, que llegue a poner en duda la imparcialidad y transparencia de sus magistrados y la independencia, autonomía y objetividad institucional”. Hace bien el magistrado Ibáñez en despejar cualquier tipo de dudas que pueda arropar las actuaciones de quienes tienen sobre sus hombros la suerte constitucional de la reforma pensional.
No se trata de un asunto personal, o malquerencia, o -inclusive- de afinidades ideológicas o políticas. Es un asunto institucional. Punto. Nada tiene que ver con supuestas militancias partidistas. Y el primero que debería entenderlo -para frenar su ímpetu populista de convocar el “pueblo a las calles”- es el propio Petro, quien considera que la voluntad del pueblo consiste en irrespetar la independencia y autonomía de la Rama Judicial.
Vuelve y juega: el pueblo en las calles, azuzados por el petrismo
Gustavo Bolívar -principal escudero de Petro y posible candidato presidencial-llamó a la movilización nacional, por parte de jóvenes y adultos, para defender los derechos de “los viejos y las viejas”, ante la posibilidad de que la reforma pensional sea hundida por la Corte Constitucional. Es decir, para Bolívar este delicado asunto hay que resolverlo en las calles y no en las salas de deliberación de los magistrados de la Corte Constitucional.
El pueblo en las calles -azuzados por dirigentes petristas, como Bolívar, gran promotor de la tristemente célebre “primera línea”- es la fórmula que les gusta a Petro y sus amigos. Ya pasó cuando la Corte Suprema se “demoraba” en elegir a la fiscal general. No es, pues, una novedad que el petrismo presione con el pueblo en las calles. Punto.
En lugar de tramitar y aprobar una ley con apego a las normas, prefirieron saltarse todas las talanqueras, como consta en las actas de las sesiones en la Cámara de Representantes. Y ahora pretenden que la Corte Constitucional declare exequible y le dé el visto bueno a ese enorme collar de irregularidades y torpezas. Ojalá que la Corte Constitucional no se deje presionar.
