Aunque el presidente Gustavo Petro y el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, se empecinen en desconocer la grave situación de violencia que vive el país, lo cierto es que no se puede pretender ignorar que más de 700 municipios del país están hoy bajo la influencia de grupos armados ilegales, incluyendo guerrillas y organizaciones criminales. Así lo registra un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo y también informes realizados por el Consejo Gremial.
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No obstante, tanto para Petro como para su exministro de Defensa, lo que existe no es una grave situación de alteración del orden público, sino pequeños focos de violencia en algunos departamentos y municipios.
Tan grave es la situación que el propio Velásquez debió reconocer en octubre del año pasado que en algunas regiones se había perdido el control territorial por parte de las Fuerzas Armadas. En aquella oportunidad, Velásquez admitió que por cuenta del cese al fuego ordenado por Petro con el fin de negociar con organizaciones guerrilleras, entre ellas el ELN, la presencia de grupos criminales se incrementó en todo el país en un 28 por ciento.
Ante el deterioro de la situación de orden público, lo peor que no puede hacer el gobierno es pretender esconder la basura debajo de la alfombra. Ello no hace que el problema desaparezca, aunque Petro crea que ignorar la situación es lo más conveniente.
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Es probable que Petro actúe de esta manera porque considera que todavía es posible salvar su fracasada paz total, algo que –vistos los resultados contundentes hasta el momento– es una misión imposible. No hay uno solo de los frentes abiertos en la búsqueda de la paz total que muestre siquiera resultados modestos. Todos –absolutamente todos– están postrados y a punto de colapsar. Ninguno se salva.
De manera que lo que han hecho la Defensoría del Pueblo y el Consejo Gremial es mostrar las llagas que tiene la principal apuesta de Petro, desde sus tiempos de candidato presidencial.
Tan delicada es la situación –aunque Petro lo niegue– que debió nombrar a un general activo como nuevo ministro de Defensa. En efecto, el general Pedro Sánchez en cuestión de horas debió quitarse el camuflado militar para ponerse el everfit. Y ello fue así porque ponerse al frente de la preocupante situación de orden público no da espera.
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Ante el demoledor informe del Consejo Gremial, Petro escribió en su cuenta de X que se trataba de una mentira: “Ayer el Consejo Gremial –escribió Petro– le dijo una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia. Tenemos sí… focos regionales de violencia, pero que nadie olvide esto. La tasa de homicidios de Colombia en este gobierno es menor que la de Duque y que la de Uribe”.
No hay tales “focos regionales de violencia”, como afirma Petro. Lo que hay es una cruel realidad que golpea todos los días a millones de colombianos a lo largo y ancho del país, incluyendo ciudades capitales. La arremetida de los grupos guerrilleros y organizaciones criminales contra la población civil es inocultable. Así lo demuestran el incremento del secuestro y la extorsión, aunque Petro considere que el principal indicador de la disminución de la violencia sea la tasa de homicidios.
Resulta temerario y grosero que Petro pretenda ignorar el informe de la Defensoría del Pueblo, según el cual el 70 por ciento de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. No es un invento de la oposición, que no lo quiere dejar gobernar: es una realidad evidente y un hecho objetivo verificable y comprobable.
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¿Qué hacer ante la grave situación de orden público nacional?
Hay que recuperar cuanto antes la soberanía territorial
Perder el control territorial en amplias zonas del país es mucho más grave de lo que parece. Que grupos guerrilleros y organizaciones criminales controlen el Catatumbo, buena parte del Cauca, sur de Bolívar y Chocó, entre otras regiones y departamentos del país, significa que el Estado colombiano perdió soberanía en ellos y por consiguiente no está en capacidad de garantizar ni la integridad ni la vida de cientos de miles de personas.
Y eso es muy grave. El territorio nacional no puede cercenarse y la obligación de nuestras Fuerzas Armadas es recuperar cuanto antes la soberanía en aquellos lugares donde se haya perdido. Esa debe ser la primera tarea asignada por Petro a su nuevo ministro de Defensa. Perder la soberanía territorial significa –ni más ni menos– perder soberanía política, económica, cultural, social y todo lo que ello implica.
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¿Cómo puede el gobierno de Petro garantizar elecciones libres si hay regiones donde el Estado no ejerce soberanía? ¿Cómo garantiza el gobierno de Petro la libertad de locomoción –lo más elemental en un territorio– si quien ejerce el dominio y el control no son nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo garantiza la soberanía alimentaria si no controla el territorio?
Las Fuerzas Armadas no pueden seguir maniatadas
En lugar de emprenderla contra aquellos que denuncian –con hechos y cifras– el fracaso rotundo de la llamada paz total, Petro debería brindar plenas garantías a las Fuerzas Armadas para que recuperen el control territorial que se ha perdido. Como “comandante supremo” de las Fuerzas Armadas debería ponerse al frente de esta nueva ofensiva.
Nuestras Fuerzas Armadas no pueden seguir maniatadas a la hora de combatir a los grupos guerrilleros y criminales. Nadie puede claudicar en el cumplimiento de ese deber constitucional. Los criminales deben saber que el Estado colombiano los combate sin pausa. El mensaje a las tropas no puede ser otro que el de actuar de forma contundente contra quienes pretendan hacerle daño al Estado colombiano y a sus habitantes.
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El general (r) Sánchez, como nuevo ministro de Defensa, así debe saberlo. Amplias zonas del Cauca, Chocó, Norte de Santander y Bolívar tienen que dejar de ser tierras de nadie. Punto. Sus habitantes deben saber que hay unas Fuerzas Armadas con capacidad de garantizarles su integridad y sus vidas.
¿Estamos preparados para responderle a Maduro y al ELN?
La pérdida de control territorial y por consiguiente de soberanía es mucho más grave en zonas fronterizas, como el Catatumbo y Arauca. La presencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela, aliadas en el vecino país con el ELN, en territorios ffronterizos,debe alertar a nuestras Fuerzas Armadas.
Recientemente, el chafarote y deslenguado Diosdado Cabello estuvo en zonas de frontera del Catatumbo, haciendo ostentación del poderío militar del vecino país. Para sorpresa de todos los colombianos, ni el ministro de Defensa ni Petro se refirieron al tema. Prefirieron pasar de agache. Y ello –por supuesto– envalentona a Maduro y sus secuaces.
Ya no caben dudas de que el régimen chavista trabaja en llave con el ELN, cuyos jefes actúan impunemente en el vecino país. Maduro no los toca. ¿Tiene Petro absoluta claridad de lo que ese “matrimonio perverso” significa para Colombia en términos de soberanía nacional? ¿Tiene Colombia capacidad de respuesta militar en caso de que el régimen chavista –aliado con el ELN– pretenda atentar contra nuestra integridad territorial?
¡Menos mal se fue Velásquez del Ministerio de Defensa!
“La situación de seguridad del país no es tan dramática, como algunos creen”, declaró la semana pasada el ministro de Defensa saliente, Iván Velásquez, ante los cuestionamientos por el severo deterioro en lo que tiene que ver con el orden público nacional. Menos mal se fue Velásquez. Si ese era nuestro ministro de Defensa, ¿cómo serán los otros?
¡Pero claro que la inseguridad del país es insostenible! ¡La gente ya perdió la paciencia! “Los hechos que han afectado el orden público –sostuvo Velásquez– se han maximizado para mostrar que en este gobierno se deterioró absolutamente el orden público”. ¡Qué tal esta joyita de declaración! Y entonces el aumento en un 36 por ciento de los desplazamientos y del 170 por ciento de los confinamientos, durante el año pasado, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, ¿qué son, exministro Velásquez? ¿Son inventos de la oposición?
Estas dramáticas cifras no se pueden seguir ocultando, ni se pueden ignorar. Ellas muestran una cruda realidad que debe ser atendida y solucionada de inmediato. Decir que con Uribe y con Duque fue peor solo evidencia de forma exponencial la ineptitud de Petro y su gabinete.
