La senadora conservadora, Nadia Blel, quien preside la comisión séptima del Senado de la República, donde virtualmente está hundida la reforma laboral, lamenta profundamente los ataques que ha recibido ella y sus colegas del Congreso por parte del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la legisladora cartagenera, el Gobierno ha querido imponer sus iniciativas a pesar de los reparos de gremios, expertos y el mismo Congreso, lo que –según ella– va en contravía de la democracia colombiana.
¿Cómo analiza el virtual hundimiento de la reforma laboral y la violenta reacción del presidente Gustavo Petro contra la comisión séptima?
Desde la mesa directiva de la Comisión Séptima yo debo decir que los senadores que la integran actúan siempre con mucha responsabilidad bajo el cumplimiento de la ley y son personas que se caracterizan por su trabajo técnico, su trabajo responsable, pero sobre todo porque las decisiones siempre responden a un ejercicio serio de escuchar a la ciudadanía. Por eso no comparto esa posición del ejecutivo y del presidente Petro de cuestionar, pero sobre todo de amenazar, de descalificar, de hacer llamados a la violencia contra los senadores que integran la comisión frente a un trabajo serio y juicioso que ellos han realizado.
Parece que el presidente todavía no ha entendido que Colombia sigue siendo una democracia y que cada rama del poder público es independiente y que la Comisión Séptima del Senado no es notaria del ejecutivo ni notaria de la Cámara de Representantes. Que esta decisión es el resultado de un trabajo serio, técnico y responsable de cara a la ciudadanía.
En este sentido, el presidente los acusa de no querer discutir el articulado…
Es injusto que el Gobierno diga eso. Primero, yo tengo que recordarles a los colombianos que esta comisión está integrada por 14 senadores. Y esos 14 senadores aprobaron una proposición que establecía que se debían hacer unas audiencias públicas en el marco de la discusión de la reforma laboral. ¿Pero qué hizo el Gobierno? El 14 de diciembre, cuando todavía no se había hecho ninguna audiencia pública, radicó la ponencia positiva del proyecto de reforma laboral.
¿Cuáles son sus reparos a la reforma laboral?
Primero: no tiene sentido una reforma laboral que no genera empleo. Por el contrario, 500.000 empleos hoy están en riesgo y esto no lo digo yo, esto lo dice el Banco de la República como resultado de esas altas cargas que hoy le quieren imponer a los empresarios. Segundo, esta reforma no combate la informalidad.
En Colombia hay 12 millones de informales y en esta reforma ni siquiera existe una oportunidad, un incentivo para que estas personas puedan salir de esa situación. No es cualquier suma, son 12 millones de colombianos que están en la informalidad. El gobierno recientemente impulsó una ley de reforma pensional.
Si nosotros en Colombia no hacemos o incentivamos que más personas se formalicen, ¿de dónde va a salir la plata de las pensiones? Tercero, esta reforma no concilia entre el bienestar de los trabajadores, que yo sé que es muy importante, y el tejido empresarial. Por el contrario, ponen en riesgo a las micro y pequeñas empresas de nuestro país, que son el 93% del tejido empresarial colombiano.
En Colombia hay 1.600 empresas y de ese 1.600, 1.500 son micro y pequeños empresarios. Son personas que con esfuerzo tienen una empresa de una o dos personas y que hoy en día tienen unos costos que los tienen afligidos con la crisis económica que vive el país.
Esta reforma condena a esos pequeños empresarios, por lo tanto nuestra postura fue una postura en defensa de los trabajadores porque 500.000 familias que se pueden quedar sin empleo es una cifra que nos tiene que alarmar a todos los colombianos. Y acabar esas pequeñas empresas que con esfuerzo salen adelante también nos tiene que alarmar. En 2024 se cerraron 280.000 micro y pequeñas empresas.
Ahora el ejecutivo insiste o amenaza con impulsar la reforma laboral a través de decretos, ¿cómo lo ve usted?
Yo creo que al Gobierno lo que le falta es coherencia.
El Gobierno todavía no ha entendido que las grandes reformas y los grandes acuerdos surgen a partir de una concertación, surgen a partir de escuchar, a partir de esas diferencias.
Si el gobierno en realidad tuviera interés por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores o en solventar las necesidades de los desempleados de nuestro país, el abordaje a estos grandes proyectos hubiera sido diferente. Hubiera escuchado los diferentes sectores de la economía.
El gobierno tiene todo para hacer esos grandes cambios, pero nunca lo ha hecho, sino que ha utilizado esta reforma para hacer campaña, para jugar con las esperanzas de la gente y con las necesidades de este país.
Por otro lado, ¿sigue habiendo mayorías para hundir la reforma a la salud?
Hay que decir que desde la comisión séptima, desde la mesa directiva, vamos a brindar todas las garantías para que el ejercicio que se haga en esta reforma sea un ejercicio serio, porque así sí se lo merecen los colombianos.
Yo pienso que si el gobierno nacional en realidad estuviera pensando en salvaguardar la salud de los colombianos tiene todas las condiciones y las herramientas para proteger y brindarle garantías a los usuarios del sistema de salud, pero vemos mucha desidia, porque el gobierno ni siquiera ha cumplido los fallos de la Corte Constitucional, que es lo más urgente ahora para salvaguardar a los enfermos crónicos, a los pacientes con enfermedades huérfanas o para solventar la crisis que tienen hoy en día nuestros prestadores.
Estas reformas son simplemente estrategias de campaña del presidente y no hay un interés real por proteger los derechos de los colombianos.
Está la consulta popular y al mismo tiempo se van a seguir discutiendo las reformas. ¿Usted lo ve también como una incoherencia?
Ya el país ha pasado por constituyente, pasamos por conmoción interior nacional y ahora esta es una nueva cortina de humo por parte del ejecutivo. Yo lo único que digo es que primero lo que se vaya a hacer sea conforme a la ley. Y si se hace conforme a la ley, el gobierno tiene que entender que primero esto tiene que pasar por el Senado de la República. Y el Senado de la República tiene que dar su visto bueno.
Lo que pasa es que ellos no han entendido que las leyes no pueden salir bajo su acomodo. Lo que sí nos debe preocupar como colombianos es que esta consulta no se puede utilizar como una campaña, un mecanismo de campaña presidencial, porque Colombia hoy tiene muchas necesidades que el gobierno todavía no ha solventado y esa consulta popular vale plata.
