Gustavo Petro decidió terminar su gobierno 17 meses antes de culminar su mandato. No de otra forma puede interpretarse su anuncio de convocar una consulta popular para que los colombianos definan la suerte de la reforma laboral hundida en la Comisión Séptima del Senado. Es probable que también se incluya en dicha consulta preguntas relacionadas con la reforma a la salud. Todo depende de la suerte que corra la iniciativa, también en dicha Comisión.
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Embarcar al país en la aventura de una consulta popular –en medio de la más grave alteración del orden público de las últimas décadas y con una crispación política sin precedentes– es una decisión tan irresponsable como arriesgada por parte de Petro. No está el palo para cucharas, decían las abuelas.
Pero esa fue la decisión que tomó Petro, luego de que 8 senadores de la Comisión Séptima presentaran una ponencia de archivo de la iniciativa gubernamental. Petro reaccionó de inmediato y calificó esa decisión como un “bloqueo institucional”. Llama la atención que califique como un bloque institucional lo que no es otra cosa que el cumplimiento de una de las principales funciones del Congreso: tramitar leyes. Al final de dicho trámite, las iniciativas son archivadas o aprobadas. Es así de simple. No tiene el Congreso la obligación –como cree Petro– de aprobar todos los proyectos del gobierno.
De hecho, este mismo Congreso, al que Petro señala de promover un “bloqueo institucional”, aprobó varias iniciativas promovidas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma tributaria del ex ministro José Antonio Ocampo y la reforma pensional, hoy pendiente de revisión en la Corte Constitucional. ¿En este caso también cree Petro que hubo un bloqueo institucional? ¿O solo hay bloqueo institucional cuando los congresistas no hacen lo que quiere Petro?
Lo cierto es que la consulta popular es un pretexto para que Petro de por terminado –de hecho– su gobierno 17 meses antes de cumplir su período. Es evidente que Petro se dedicará en cuerpo y alma a la consulta popular, mientras el país seguirá al garete. A Petro lo que más le gusta –¿alguien lo duda?– es ser candidato y echar discursos incendiarios en plazas públicas.
Tendremos que prepararnos, pues, para asistir al triste, abusivo y peligroso espectáculo de todo el Estado colombiano al servicio de un Gobierno, con lo que ello implica: ministros, superintendentes, directores de institutos descentralizados, maestros y alumnos de colegios y universidades públicas, marchando al ritmo del Ejecutivo, para tratar de imponer desde las calles reformas que son del interés de Petro y sus aliados.
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Ese lamentable espectáculo por parte del Gobierno nacional nos costará 500.000 millones de pesos, plata que saldrá –obviamente– de recursos que deberían destinarse para obras de infraestructura, atención de pacientes en clínicas y hospitales, y construcción de nuevas universidades.
Es decir, Petro está dispuesto a feriarse cientos de miles de millones de pesos para satisfacer su ego y para pasar por encima de una decisión autónoma de una de las ramas del poder público.
A la vuelta de unos meses Colombia será un país mucho más paralizado por cuenta de la mezquindad de quienes pretenden imponer su voluntad, tanto al Congreso como a las altas cortes, en caso de que lo consideren necesario.
Y ello es así porque nada es más antidemocrático que desconocer la autonomía de los otros poderes públicos. Petro –que posa de gran demócrata– no es más que un déspota, que no duda en avasallar a quienes no piensen como él. Los hechos demuestran que su talante democrático no es tanto como pregona.
¿Qué le espera a la consulta popular? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito de Petro?
¿Cuántos empleos ha generado Petro?
En su afán por promover su consulta popular, Petro pretende mostrar a los empresarios del país como enemigos de los trabajadores. Los llama –de forma irresponsable y ligera– “esclavistas y explotadores”. Pero resulta que es todo lo contrario: empresarios y trabajadores son hoy buenos aliados, porque saben que los unos no pueden subsistir sin los otros. Punto. Sin empresarios no habrá trabajadores y sin trabajadores no habría empresarios. Solo aquellos que jamás en su vida han generado un solo empleo, como Petro, no son capaces de entender esta relación armónica y solidaria que existe entre empresarios y trabajadores.
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Por esa razón todo lo que hace Petro tiene el propósito de causar profundas divisiones entre quienes generan empleos y quienes disfrutan de los mismos. En lugar de promover un mayor acercamiento entre unos y otros –que se traduzca en mejores indicadores de productividad– lo que hace es fomentar el resentimiento y hasta el odio entre unos y otros.
¿Cuáles son las cuentas de Petro para la consulta popular?
Aunque otros presidentes han fracasado en su intento por sacar adelante consultas populares que legitimen sus iniciativas –incluyendo a Álvaro Uribe, con un respaldo popular del 90 por ciento, y Juan Manuel Santos, con toda la prensa a su favor– Petro considera que tendrá éxito en su aventura. Veamos las cifras: de acuerdo con el censo electoral –que es de 40′963.370 ciudadanos– la consulta popular de Petro requiere la participación de 13.650.456 colombianos. Y –para que sea aprobada– al menos la mitad más uno de esa cifra –6.827.229– debería votar por el sí.
Es decir que para alcanzar los más de 13 millones de votos en la consulta popular, Petro necesita la movilización y participación de todos los colombianos, tanto los que estén a favor, como los que estén en contra. Solo con los votos del sí (los petristas) la iniciativa fracasa. Pero –con un gobierno dispuesto a gastarse toda la chequera con tal de cumplir su propósito– no es descabellado pensar que –movilizando de forma abusiva todo el Estado a su favor– Petro pueda hacer realidad su sueño. Solo hay que imaginarse todo el gabinete de Petro prometiendo obras y repartiendo plata a manos llenas por todo el territorio nacional. ¿Cuántos votantes podrían movilizar? ¿Procuraduría, Contraloría y Fiscalía permitirán tanto abuso y tanta desfachatez?
Petro: tres años de carreta y sin obras que mostrar
Aunque hay quienes consideran que la consulta popular permitiría la “aprobación en las calles” de la reforma laboral, lo cierto es que la gran apuesta de Petro es posicionar sus candidatos, tanto para el Congreso como para las presidenciales del 2026, que están a la vuelta de la esquina. A Petro se le fueron tres años de gobierno y no tiene absolutamente nada que mostrar. La paz total fracasó, las reformas sociales se hundieron o están a punto hacerlo por cuenta de su torpeza política, la transición energética resultó ser una chambonada monumental, el tren elevado Barranquilla-Buenaventura nunca arrancó… En tres años fue mucho más lo que habló que lo que hizo.
Por esa razón necesita que en el 2026 el Pacto Histórico sea mayoría en el Congreso y tener un Presidente que le obedezca. Hoy no tiene ni lo uno ni lo otro y por ello requiere –con urgencia– “movilizar al pueblo”. Se olvidará de la Presidencia y volverá a la plaza pública a promover la movilidad social, que no es nada distinto a convocar a las organizaciones sindicales –como la CUT– que eran las grandes beneficiadas con la reforma laboral que se hundió. Por eso esa “élite sindical” consentida por Petro y sus ministros de Trabajo llora tanto. Punto.
Una reforma laboral que no generaba empleos y sólo favorecía a una “élite sindical”
Contrario a lo que podría pensarse, la reforma laboral –que en buena hora hundió la Comisión Séptima del Senado– no tenía el propósito de crear nuevas plazas de trabajo, sino de mantener los privilegios de una “élite sindical”, que lo que pretende es seguir disfrutando de los beneficios que ha tenido por décadas. Los privilegiados dirigentes sindicales amigos de Petro desconocen valiosos avances en materia laboral, como poder disponer de horarios más flexibles, así como acceder de forma simultánea a dos o más empleos para obtener mayores ingresos.
Por defender los privilegios de la “élite sindical” que lo respalda, Petro desoyó las voces del Banco de la República y de dirigentes gremiales, quienes pronosticaron que la reforma laboral podría dejar sin empleo a unos 500.000 colombianos, mismos que hoy cuentan con estabilidad laboral, pese a la hostilidad del gobierno nacional y a la incertidumbre que generan –en el caso de los exportadores– las medidas arancelarias de Donald Trump. Nada de eso parece importarle a Petro en su afán por combatir a los empresarios “esclavistas y explotadores”, según su mente calenturienta y mezquina.
