Lo que gana y lo que pierde Petro apostándole a una consulta popular

Esta semana el presidente Gustavo Petro, tras haber insistido en la primera mitad de su gobierno con el acuerdo nacional y con la constituyente para sacar adelante sus reformas sociales, de fracasado trámite en el Congreso y puede que en la Corte Constitucional también, anunció que ahora apelará a una consulta popular, con el particular ingrediente de que sería en medio del proceso preelectoral.

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Todo empezó el pasado martes, cuando ocho senadores, de los 14 que tiene la Comisión Séptima del Senado –en la que el año pasado también se hundió la reforma a la salud–, radicaron una ponencia solicitando archivar la reforma laboral. La controvertida iniciativa del Gobierno, que va para su tercero de cuatro debates reglamentarios, tiene el no de los senadores Miguel Ángel Pinto (liberal), Nadia Blel (conservadora), Esperanza Andrade (conservadora), Alirio Barrera (Centro Democrático), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA).

“La reforma, tal como está formulada, no genera empleo, no combate la informalidad y no concilia el bienestar de los trabajadores con la productividad del tejido empresarial colombiano”, se lee en las motivaciones de dicha ponencia, que agrega que el aval fiscal no se presentó.

“Esta decisión no es política sino técnica y responsable, basada en el diálogo y la evidencia recogida de la ciudadanía”, aseveró Blel, presidenta de la célula legislativa de asuntos sociales de la cámara alta y presidenta del Partido Conservador.

Horas después, Petro dijo en una alocución: “Estalló la sociedad y por eso el presidente presentó las reformas para garantizar esos derechos universales, a un trabajo digno, estabilidad laboral, a que el trabajador no sea tratado como un esclavo; una reforma a la salud que lleve médicos donde no llegan nunca y que repare puestos de salud en donde vive mayor parte de la gente en forma deplorable; y una reforma pensional que les lleve a 3 millones de viejos al menos un bono pensional”.

Y aseveró, acto seguido, que “sobre estas tres reformas la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del 2022 (...). Hay que hacer una convocatoria al pueblo no solo a movilizarse sino a decidir, y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular”.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, explicó a EL HERALDO que el de la consulta “es un camino largo y difícil. No sé si ellos lo han medido porque primero pues no se pueden formular preguntas como articulado y, lo segundo, hay que enviarlas al Senado que tendrá un mes para aceptarlas o rechazarlas, y luego cuatro meses para convocar a unas elecciones costosísimas. No creo que eso valga menos de $500 o $600 mil millones, que no están en arcas del Estado porque no los tiene la Registraduría”. Adicional a eso tiene que sacar un tercio del censo electoral, o sea son casi 14 millones de votos”.

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Por eso, frente al tema de la plata para esa consulta, insistió el jefe del Legislativo: “Yo creo que el Gobierno quedaría muy debilitado si el pueblo no lo respalda”.

Y en relación con el supuesto bloqueo, Cepeda Sarabia indicó que: “Siempre han pensado que el Congreso tiene que ser notario de las iniciativas gubernamentales y mientras yo sea presidente del Congreso lo defiendo como uno de los tres poderes públicos independientes”.

Carlos Arias, analista político y catedrático de la Universidad Externado, comentó a este diario que el Gobierno de Petro se está jugando en esta consulta “su poder electoral para 2026, para la conformación de listas importantes para Cámara y Senado, especialmente a Cámara, y también se está jugando la posibilidad de tener un candidato propio en 2026 o tener la posibilidad de generar una alianza importante que pueda sostener un proyecto progresista o un proyecto de centroizquierda con un posible presidente de ese sector ideológico y de esa afinidad electoral para 2026″.

Esto, precisó, en consideración a que si la consulta popular es aprobada por el Congreso y no consiguen los más de 13 millones 200 mil votos que requieren para hacerla, “a pesar de que pudieron haber calentado motores con la consulta popular, queda en evidencia que ya no tienen la misma fuerza, y además también quedaría en evidencia que prefirió dedicarse al proceso electoral y de activismo político y participación política que al ejercicio de gobierno: el presidente se juega con la consulta popular sus últimos cartuchos como candidato porque hace rato dejó de ser gobernante”.

Óscar Mejía, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, advirtió en diálogo con este medio que “lo primero es denunciar esta actitud absolutamente antipatriótica, antiinstitucional de los ocho parlamentarios de la Comisión Séptima, que ya es la segunda vez que se le atraviesan a las reformas del Gobierno, porque más allá de que se esté en la oposición, hay que considerar que hay reformas necesarias y urgentes para el país, y sobre todo para los trabajadores”.

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Lo segundo, añadió el doctor en filosofía política, es la consulta, “que es una alternativa constitucional que por supuesto tendrá sus riesgos pero que más allá de eso, por los tiempos en que va a coincidir con la campaña electoral, a quien le va a favorecer es al Gobierno y realmente esto es algo que tenían que medir porque va a haber un Gobierno denunciando a un grupo de parlamentarios, no solamente como saboteadores sino como absolutamente contrarios a anhelos populares. Entonces la consulta la han concebido el presidente y seguramente su ministro de gobierno, su sanedrín cercano, como algo que de cualquier forma lo va a favorecer, porque va a a coincidir con el pleno proceso electoral y va a permitir airear unos temas muy sensibles sobre todo para determinados grupos desfavorecidos históricamente e indudablemente podrían verse identificados con la defensa que el Gobierno haga de ellos. E incluso si la perdieran los favorecería en términos de propaganda para las elecciones de 2026″.

Patricia Muñoz, directora de la especialización en gobierno y gestión pública territoriales de la Universidad Javeriana, expresó a esta casa periodística que, si bien la consulta popular podría ser un mecanismo para que el Gobierno active los procesos de movilización de sus bases, de esos sectores que llevaron a Petro a hacerse elegir, también plantea dos situaciones que pueden jugar en contra del Gobierno:

“La primera es que el mecanismo en sí mismo, todos los requerimientos técnicos, en la formulación de las preguntas, la cantidad y el tipo de preguntas, puedan no ser suficientes para poder impulsar las reformas sociales”, advirtió.

Y concluyó la politóloga que “el segundo camino difícil indudablemente tiene que ver con los umbrales de participación y de votación para que sean aprobadas y el sí tenga la capacidad para luego convertirse en reforma, ello porque las experiencias anteriores han mostrado las dificultades para que los ciudadanos participen primero y luego para que la respuesta positiva supere el umbral requerido”.

Ex registradores y expertos en ciencias políticas explicaron en este periódico lo que pasaría en el remoto caso de que se apruebe la consulta popular.

El ex registrador Juan Carlos Galindo, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, señaló que “el Congreso tendría que recoger esas preguntas formuladas en la consulta, que ya serían vinculantes, y tramitarlas a través de una ley. De no hacerlo el Congreso, podría hacerlo ya el presidente de la República mediante un decreto ley”.

No obstante, advierte el ex jefe de la Organización Electoral: “Habría que mirar cuántas preguntas van a formularle al pueblo porque será muy difícil en ese caso, a diferencia de lo que puede ser una iniciativa legislativa donde hay un articulado que se somete”.

A su vez, Carlos Moreno León, profesor del Departamento de Ciencia Política también de la Universidad Javeriana, precisó que “la ley establece que si la consulta es aprobada, es de obligatorio cumplimiento”.

Y advierte el catedrático: “Pero si el Congreso no aprueba esa ley avalada en la consulta, la Constitución faculta al presidente a expedir un decreto de ley para hacer cumplimiento de esa decisión de la gente. Por ejemplo, si la votación es el 9 de agosto de 2025, el Congreso tendría plazo de aprobar una ley en ese sentido a más tardar en junio de 2026. El asunto como tal es que quedaría un mes y medio para expedir ese decreto, pero el próximo gobierno podría implementar un nuevo proyecto de ley para transformar ese decreto”.