La Sección Tercera del Consejo de Estado falló a favor del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro, ordenándole que en un plazo máximo de cinco días se retracte y ofrezca disculpas públicas por acusaciones realizadas en redes sociales que afectaron su honra y buen nombre.
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El caso se centra en un mensaje publicado por Petro el 4 de diciembre en la plataforma X (antes Twitter), donde afirmó que César Lorduy fue “obligado a delinquir” por Vargas Lleras en el marco de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Petro. Adicionalmente, el mandatario sugirió que Vargas Lleras utilizaría su posición en la presidencia de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio para “pagar favores” a quienes beneficiaran dicha investigación.
El alto tribunal consideró que estas afirmaciones vulneraron los derechos fundamentales de Vargas Lleras al acusarlo directamente de instigar delitos y ofrecer beneficios indebidos, señalamientos que carecían de cualquier verificación o respaldo probatorio por parte del jefe de Estado.
“No se observa prueba alguna de que Germán Vargas Lleras esté inmerso en un proceso penal y, mucho menos, que exista una condena penal ejecutoriada por cualquier delito”, determinó el Consejo de Estado en su fallo, destacando que el presidente incumplió con “la carga mínima de análisis o investigación” antes de realizar tales acusaciones.
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Al respecto, Vargas Lleras escribió en su cuenta de X: “El Consejo de Estado ha amparado por cuarta vez mis derechos a la honra y al buen nombre ante las calumnias y mentiras sistemáticas de Petro en contra mía y le ordena retractarse”.
Aunque el tribunal reconoció que tanto Petro como Vargas Lleras son figuras políticas con amplio reconocimiento y en posición igualitaria de poder, esto no justifica las acusaciones que lesionan la reputación de una persona.
Sin embargo, respecto a otros señalamientos del presidente sobre una supuesta interferencia de Vargas Lleras para convertir al CNE en un “juez inconstitucional”, el Consejo de Estado no encontró que estas manifestaciones hayan producido una afectación moral, considerándolas más como una opinión sobre el funcionamiento institucional que como un ataque personal.
