El segundo punto del Acuerdo entre el Gobierno nacional y las Farc hace referencia a las reformas que, según la Mesa de Negociación, se requieren para lograr una ampliación o apertura democrática en el sistema político colombiano como condiciones básicas para la construcción y consolidación de una paz duradera. Es así como las propuestas contenidas en este punto, señala el acuerdo, pretenden brindar garantías que permitan de una parte expandir los escenarios de participación y de otra, ampliar el espectro de los actores políticos y sociales que inciden en dichos escenarios.
En ese sentido, la Mesa de la Habana entiende que la consolidación de la paz pasa por facilitar la creación de nuevas organizaciones políticas; brindar garantías a la oposición y movimientos minoritarios; dar garantías de participación política y promover la convivencia, la tolerancia y no estigmatización por las posturas o convicciones políticas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el acuerdo sobre participación política contempla 31 acciones jurídicas que se traducen en reformas o decisiones políticas de distinto nivel, pues van desde reformas constitucionales hasta reformas legales ordinarias. Solamente cinco de ellas son de carácter constitucional, es decir, requerirían de dos periodos ordinarios, un año, para debatirlas y promulgarlas.
Como se puede observar no es indispensable crear ningún cuerpo especial legislativo o constituyente, como ha propuesto el Gobierno, pues 26 de las 31 propuestas podrían ser tramitadas en un período legislativo que corresponde a 4 meses de trabajo de los actuales congresistas.
Reformas Constitucionales
Las cinco reformas constitucionales se pueden agregar en dos ejes temáticos, uno de tipo electoral y otro de tipo político. La reforma electoral abarcaría dos de las cinco acciones, a saber: 1) Reforma al Consejo Nacional Electoral (CNE) y 2) Creación Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
Por su parte, la reforma política contempla tres aspectos: 1) Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de las agrupaciones políticas del requisito de superación del umbral, 2) la adopción de nuevas reglas de juego para el reconocimiento de agrupaciones políticas pequeñas y, 3) la creación de un régimen de transición para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas a través de la financiación y estímulo de sus programas.
De este conjunto de modificaciones a la Constitución, son las que corresponden a la reforma electoral las que seguramente generarán mayores tensiones y debate en su trámite legislativo.
Más allá de una modificación al CNE, el debate de fondo debe corresponder a la reforma integral a la arquitectura institucional electoral, contemplando aspectos como la creación de un Tribunal Electoral; modificación de la conformación y funciones del CNE; y rediseño del papel de la Registraduría Nacional en los procesos electorales. La institucionalidad electoral reclama con urgencia autonomía, independencia y mayor capacidad técnica.
Circunscripciones de paz
La creación de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz no será tampoco un tema pacífico.
Estas circunscripciones, según lo señala el Acuerdo, deben garantizar la integración a la vida política nacional de las zonas que han sufrido los embates del conflicto y del abandono estatal. Para ello se propone la definición de unas nuevas circunscripciones en la Cámara de Representantes por un número no determinado de periodos electorales.
El debate sobre la definición de estas circunscripciones presagia una imposición de los intereses políticos y de representación del orden local y regional, como ocurrió en el debate de la reforma de 'Equilibrio de Poderes' donde no se llegó a ningún acuerdo.
Es así como la definición de las zonas, el número de curules y de periodos que comprenderán esa transitoriedad, al igual que las entidades que impactará (concejos, asambleas, Cámara de Representantes y Senado) requieren de un gran esfuerzo en el diseño, así como en el proceso de negociación y concertación política para lograr una adecuada representación de estos territorios sin generar un crecimiento desmesurado en el número de representantes a la cámara.
Reforma política
En lo que se refiere a la reforma política, claramente los aspectos que despertarán mayor interés en el debate regional son los relacionados con las garantías electorales para las organizaciones políticas que representan expresiones locales.
El actual sistema electoral tiene su acento en el fortalecimiento de los partidos políticos con capacidad de expresión nacional. Por el contrario, el acuerdo sobre el punto dos de la Habana mueve el eje hacia la representación local y regional involucrando nuevos actores como las organizaciones y movimientos sociales. Esto significa que se pondrán sobre la mesa temas relacionados con la financiación a las organizaciones políticas; las garantías a la oposición y partidos minoritarios, así como la regla de conversión de votos en curules.
Finalmente, vale la pena tener presente que de las 31 acciones planteadas en la mesa de negociación, 14 (casi la mitad) dependen de voluntad política pues se traducen en Decretos y actuaciones administrativas. Es decir, no tienen que pasar por el Congreso ni requieren de mayores consensos que estar de acuerdo con la importancia que tiene el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, o el diseño de programa tendientes a promover la tolerancia y convivencia, o la realización de campañas pedagógicas que estimulen la participación electoral.
En resumen, y como se puede observar en el cuadro de análisis de la MOE, este acuerdo se desarrollaría a través de la gestión de ocho leyes estatutarias, siete decretos, seis acciones de voluntad política, cinco actos legislativos, cuatro leyes ordinarias y al menos una actuación administrativa.
El verdadero reto de las reformas que se plantean en el punto 2 del acuerdo no se encuentra tanto en la agenda propuesta, pues hay muchas coincidencias con aspectos que han intentado ser reformados en los últimos años y con otros que harán parte de la agenda legislativa que inicia en pocos días una vez se instale el Congreso. El verdadero reto está en la capacidad que tienen los operadores y representantes políticos para avanzar en reformas que muy seguramente afectarán la actual distribución del poder político.
