El Gobierno Nacional radicó este martes el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz y que precisa elementos claves sobre qué hechos serán de su competencia, como el narcotráfico y la financiación de grupos ilegales, y los asuntos polémicos sobre la responsabilidad de mando de las Farc, entre otros.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que este asunto faltaba por precisarse puesto que en el Acto Legislativo 01 de 2017 ya se había incluido la responsabilidad de mando para la Fuerza Pública.
'Ya está consagrada. Queda igual que los criterios de responsabilidad para la Fuerza Pública, que hayan tenido un efectivo control de la conducta de sus subordinados, que haya tenido los medios y los mecanismos para controlar esas conductas', dijo Rivera.
El proyecto de ley, de 114 artículos y 79 páginas, dice expresamente que la responsabilidad de los mandos de las Farc se fundará en la posibilidad real 'que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional'.
Se trata del control que el jefe guerrillero haya podido tener por información previa a la comisión de un delito, durante o posterior, así como los medios que haya podido tener para prevenirlo. 'La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía', dice el proyecto de ley.
Entre otros elementos importantes se explicó que los terceros civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a la JEP, si se trata de delitos que están en el Estatuto Penal Internacional.
'En casos en que terceros hayan participado de manera determinante en la comisión de delitos del Estatuto Penal Internacional, sí serán competencia de la JEP, es decir, lesa humanidad, reclutamiento, violencia sexual, entre otros. Delitos distintos a estos y en los cuales no hayan participado los terceros de manera determinante y sin coacción, pueden acogerse a este sistema o a la jurisdicción ordinaria', dijo Rivera.
El ministro del Interior agregó que, por la financiación de grupos armados, por ejemplo, al no ser delito incluido en el Estatuto de Roma, terceros que no hayan participado de manera determinante, pueden optar por acudir a ambas jurisdicciones.
'Aquellos terceros que ya hayan sido condenados podrán solicitar la revisión de su condena', agregó.
Sobre el narcotráfico, el ministro indicó que será juzgado por la JEP solo si se cometió en función del delito político como la rebelión. Si se cometió para otros fines, como para enriquecerse, será competencia de la justicia ordinaria.
Rivera señaló que este es el proyecto más importante de esta legislatura y la primera prioridad del Gobierno. Igualmente manifestó que quienes se acojan a la JEP podrán hacer política. 'Se permite que los miembros de las Farc que se acojan a este sistema paralelamente puedan ejercer sus derechos políticos', dijo.
