Tras dos días de largo debate, la Comisión Primera del Senado, para sorpresa de los mismos autores, le dio el sí esta semana, con 15 votos a 5, a un proyecto que plantea la regulación de la hoja de coca y que propone, por ejemplo, que el propio Estado les compre la producción de hoja de coca a los campesinos cultivadores, la transforme y les venda la dosis personal de cocaína a los consumidores no adictos y también a los adictos previa inclusión en un tratamiento médico público.
El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, uno de los autores de la iniciativa junto con el senador Feliciano Valencia, del MAIS, le explicó a EL HERALDO cuál sería la idea.
'El Estado compra a precio del mercado la totalidad de la hoja de coca que producen los campesinos colombianos, el mercado pasa a ser monopolio del Estado, y el Estado la distribuye en diferentes usos, pasa a ser proveedor de alimentos, de tortas, harinas, bebidas, cosméticos y productos medicinales, entre otros', indicó.
Frente a la cocaína, el parlamentario advierte: 'Produciría el Estado cocaína para los consumidores colombianos exclusivamente, que son 260 mil personas según el Ministerio de Salud y el DANE'.
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Exámenes médicos
Así las cosas, las personas que quieran comprarle cocaína al Estado (se les vendería a cada persona un gramo semanal), serán sometidas a un examen médico, según precisa Marulanda, teniendo en cuenta, primero, que sean mayores de edad y, segundo, que sean personas con condiciones psíquicas y físicas 'que les permitan ser aptos para usar la cocaína. Y en caso de que las personas sean consumidores problemáticos o adictos, entonces el sistema de salud le atiende su problema'.
Además, la cocaína que les vendería el Estado a las personas que no tengan problemas de adicción 'sería una cocaína de primera calidad que no tenga las contaminaciones que tiene hoy y que ocasiona daños a la salud'.
Derecho a consumir. 'Cualquier persona en Colombia que quiera consumir cocaína tiene derecho a consumirla', pone de presente el autor.
Esto, agrega, porque la Corte Constitucional hace 20 años, con la ponencia de Carlos Gaviria, 'determinó que la decisión personal de consumir sustancias psicoactivas es respetable en la Constitución, así como lo es la decisión de fumar, tomar alcohol y consumir azúcar o grasas, a pesar de que pueden hacer daño'.
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Contra los narcos
Advirtió Marulanda que otra de las ideas centrales del articulado es 'quitarles la materia prima a las organizaciones de narcotráfico, con la que producen el 90% de la cocaína que se vende en el mundo, y se le quitaría también el mercado interno a las redes de microtráfico que están regadas por todo el país vendiéndoles a los niños, en los parques, en las esquinas'.
En el mundo
Asevera el congresista que espera que la plenaria del Senado también le dé el visto a su iniciativa, pese a lo polémica, porque 'el mundo está cambiando y EE. UU. está legalizando la marihuana en más de 14 estados y la cocaína en el estado de Oregon; lo propio con todas las sustancias en Portugal, la despenalización de los consumos ocurrió en Italia'.
Y concluye que 'el dinero que recoja eso sería marginal seguramente, pero comprar la hoja de coca costaría $2,3 billones anuales, a diferencia de la erradicación que cuesta $4 billones y de la fumigación que cuesta $8 billones'.
'Eso no se puede hacer'. La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, le dijo a EL HERALDO que este es un proyecto que 'vulnera tratados internacionales suscritos por Colombia. No se puede comercializar la hoja de coca o sus derivados psicoactivos, en atención a lo establecido por la Convención Única de 1961 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la cual fue adoptada por Colombia'.
La parlamentaria, quien se opuso en la célula legislativa al articulado, agrega que su aprobación 'traería graves efectos nocivos, relacionados con la salud pública y que alteran de manera notoria la salud mental de la población. No puedo aceptar que ahora el Estado le venda cocaína a los que tienen problemas de adicción'.
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Fines terapéuticos
Pone de presente la legisladora conservadora que ya está reglamentado el uso de la hoja de coca y sus derivados con fines terapéuticos en el país, 'siempre y cuando se produzcan y se distribuyan dentro de los territorios indígenas'.
'Aumentaría el consumo'. Andrade cree que de pasar esta iniciativa 'le traería repercusiones negativas al país' y además 'lo que haría es incentivar el consumo local: Colombia no solo sería el principal productor de coca, sino también el principal consumidor'.
Aunque considera que este proyecto 'no tiene futuro en la plenaria''. En la Comisión Primera los miembros de la oposición tienen mayoría, pero en plenaria no creo que tengan la misma suerte'.