Teniendo el país tantos asuntos de los que debe ocuparse, todos ellos muy urgentes y graves, el presidente Gustavo Petro insiste en su hipótesis paranoica de un supuesto “golpe blando” y en su cada día más peligrosa propuesta de una asamblea constituyente, que solo él sabe cómo la hará y bajo qué condiciones, sin volver trizas el orden institucional y constitucional del país.
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Mientras Petro posiciona ante la opinión pública la idea del “golpe blando” y va cocinando la realización de una “asamblea constituyente”, de forma irresponsable y delirante se vale de la plaza pública para “meterle candela” a la polarización nacional, aprovechando la presencia de “un pueblo hastiado de los abusos de la oligarquía”, expresión que utiliza con frecuencia.
Lo peligroso de los señalamientos de Petro es que no solo carecen de rigor, sino que tampoco cuentan con los mínimos fundamentos legales, como ocurrió el pasado viernes, al endilgarle el rótulo de “terrorista” al expresidente Iván Duque por los hechos ocurridos en Cali durante el estallido social del 2021. De igual manera, el día anterior en Santa Marta, Petro llamó “vagabundos” a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes pidieron imputación de cargos tanto a Ricardo Roa –presidente de Ecopetrol– como al propio Petro, por la presunta financiación irregular de la campaña del hoy presidente en el 2022.
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Pero mientras Petro recorre las plazas del país hablando del supuesto “golpe blando” y ambientando su campaña “proconstituyente”, la lista de asuntos graves que tiene por resolver a dos años de su mandato sigue creciendo.
Y ello es así por cuenta de que Petro no solo no se ocupa de los graves asuntos del país, sino que decidió tener un problema para cada solución. Desde la crisis de la salud hasta la de las impagables tarifas de energía, pasando por las inundaciones de La Mojana y la elección del rector de la Universidad Nacional, las soluciones definitivas que ofrece Petro vienen cargadas de un sesgo ideológico o carecen de soportes técnicos y financieros, que hacen inviables muchas de ellas.
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De todos los temas que aparecen en la lista de asuntos por resolver por parte de Petro, uno de los más delicados es el de la financiación de su campaña presidencial. Todo lo que se conoce sobre los dineros que ingresaron a la campaña –así como los que no fueron registrados, pero habrían sido utilizados para la misma– es confuso y turbio. Ninguno de los directivos de la campaña, empezando por el propio candidato Petro y siguiendo con el gerente Roa, ha podido explicar con claridad cómo se recibieron los recursos, de dónde provenían y qué destino se les dio. La apuesta de Nicolás Petro, jefe de campaña para la región Caribe, al parecer, es la de ganar tiempo con atajos jurídicos, mientras trata de armar el rompecabezas que él mismo elaboró con la plata que recibió del ‘Hombre Marlboro’ y ‘el Turco’ Hilsaca, entre otros. Su estrategia “dilatoria”, al no estar Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía General, carece de sentido y evidencia su desprecio porque se sepa la verdad de lo sucedido en la campaña presidencial de su padre. Que Nicolás cuente: ¿cuánta plata recibió y cuánta ingresó a la campaña de Gustavo Petro? ¿Quiénes fueron los aportantes? ¿De dónde provenían los recursos? ¿Cuál fue el destino final de los mismos?
Tanto Ricardo Roa, como gerente de la campaña, como Gustavo Petro, en su calidad de candidato y de único beneficiario de esos recursos, también tendrán que dar explicaciones satisfactorias sobre este espinoso y delicado asunto.
