Mientras el país atraviesa la peor crisis en su lucha contra la corrupción y amplias zonas del territorio nacional quedan bajo el control de organizaciones criminales, tanto subversivas como narcotraficantes, el gobierno de Gustavo Petro insiste en sacar adelante una convocatoria popular que abra las puertas a una asamblea nacional constituyente, propósito en el que –aunque lo niegue– Petro está empecinado.
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El capítulo más reciente –pero no el último, seguramente– para cumplir con esa misión lo acaba de escribir el excanciller Álvaro Leyva, quien ratificó en entrevista que concedió a Vicky Dávila para Semana que los acuerdos de paz de La Habana contemplan una asamblea constituyente para ratificar lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Leyva se refiere concretamente al aparte del acuerdo de La Habana en el que se lee textualmente lo siguiente: “(…) Por lo anterior, el gobierno de Colombia y las Farc-Ep, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país, a concertar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.
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Según Leyva, lo anterior significa la celebración de una asamblea nacional constituyente, hecho que –“sin saberlo”– habría sido aprobado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien –según Leyva– “no leyó lo que firmó”.
De acuerdo con el excanciller Leyva, esa misma interpretación habría hecho en su momento el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto De la Calle, quien al leer el texto en La Habana habría afirmado: “Pero esto es una Constituyente”, habría dicho De la Calle, luego de que alias Iván Márquez, entonces jefe negociador de las Farc, le presentó el documento final.
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La verdad es que el texto citado por Leyva –que sería de obligatorio cumplimiento, al ser reconocido por la ONU y tener prevalencia sobre el orden interno– nada tiene que ver con una asamblea nacional constituyente. La de Leyva es una interpretación sofista y astuta, cuyo único propósito es buscar un atajo para la celebración de una asamblea constituyente, sin tener que pasar por los canales legítimos y constitucionales.
Si ese hubiera sido el propósito de los negociadores del gobierno en La Habana, entre ellos del propio De la Calle, pues se habrían referido explícitamente a la celebración de una asamblea nacional constituyente para refrendar los acuerdos. Algo tan delicado y grave no podía dejarse a la libre interpretación de los firmantes, o –algo peor– a la libre interpretación de futuros gobiernos, como pretende hacerlo ahora Leyva en tiempos de Petro.
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Para alejar cualquier tipo de dudas sobre ese delicado asunto, el propio expresidente Santos declaró recientemente que convocar una asamblea constituyente para refrendar los acuerdos de La Habana es “un absurdo”. “Esa es una de las líneas rojas –dijo Santos– que establecimos en la negociación con las Farc”. Todos los expresidentes de la República se expresaron en los mismos términos.
Pero hay algo mucho más contundente que ignora el astuto Leyva. Si de lo que se trataba era de refrendar el texto de La Habana, mediante una consulta al pueblo, pues dicha consulta se hizo, cuando Santos convocó al plebiscito, para saber si los colombianos estaban de acuerdo o no con lo pactado en La Habana.
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El resultado de dicha consulta en octubre de 2016 todo el país lo conoce: ganó el NO con un 50,2 %, sobre el Sí, que obtuvo el 49,7 % de los votos. Es decir, el acuerdo de paz firmado por Santos y las Farc fue rechazado por los colombianos, resultado que después Santos ignoró. A Leyva se le olvidó este pequeño detalle.
¿A qué juegan Petro, Leyva y los amigos del Gobierno? ¿Pretenden llegar a una asamblea constituyente valiéndose de atajos y desconociendo la Constitución?