La Fiscalía no encontró mejor término para definir el entramado de corrupción en la Ungrd -que tiene al gobierno de Gustavo Petro viviendo su peor momento- que llamarla una “organización criminal”. Así la calificó.
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Se trata -sin duda- de un señalamiento que compromete en materia grave a un gobierno que llegó al poder con la bandera contra la corrupción. Es decir, lo que está quedando en evidencia por cuenta de las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ex director y ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), es una sofisticada red de delincuentes que se asociaron para realizar múltiples fechorías con el propósito, al parecer, de favorecer el trámite en el Congreso de varias leyes de interés para el gobierno.
El papel de Carlos Ramón González -amigo personal de Petro desde sus tiempos de combatientes del M-19- habría sido el de ordenar a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, ex alta consejera presidencial para las regiones, que entregaran multimillonarios sobornos a congresistas para que favorecieran al gobierno en el trámite y aprobación de las leyes. López, Pinilla y Ortiz habrían procedido “conforme a las instrucciones que dio Carlos Ramón González Merchán, para la época director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)”, según la Fiscalía.
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La grave acusación llevó a González a renunciar de forma “irrevocable” a su cargo y obligó a Petro tener que aceptarla, puesto que -según el mandatario- “su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”.
Caído González -quien niega los señalamientos- los reflectores apuntan ahora a la cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también niega su participación en la “organización criminal”, como la llamó la fiscal Andrea Muñoz.
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De acuerdo con la fiscalía, el ministro Bonilla “coordinó” -con el entonces director de la Ungrd, Olmedo López- el direccionamiento de varios contratos en los que tenían gran interés varios congresistas.
“Usted señor Sneyder -declaró la fiscal Muñoz, durante la imputación de cargos- coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castillo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla”.
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En su defensa, Bonilla sostiene que “el ministro de Hacienda no patina proyectos, pero si tiene que preguntar a las entidades como los están ejecutando”, declaró a Noticias Caracol.
“Los congresistas no piden coimas -sostuvo Bonilla- como si pidieron Olmedo y Sneyder. Simplemente hacen su trabajo que es desarrollar la actividad legislativa y se hace de común acuerdo con el gobierno”.
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¿Qué futuro pueden tener unas iniciativas y unos proyectos presentados y tramitados por un gobierno y unos congresistas señalados de gravísimos hechos de corrupción?
