La elección de los magistrados que integrarán el Tribunal de Paz, máximo órgano de justicia dentro de la Jurisdicción Especial de Paz pactada para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto, es una de las tareas pendientes de la mesa de conversaciones en La Habana que sería resuelta en días próximos.
De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el equipo negociador del Gobierno y las Farc está en conversaciones con organismos internacionales, con la Iglesia, la Corte Suprema de Justicia y las Naciones Unidas. De acuerdo a declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Justicia, Jorge Londoño, las personas que integran este tribunal tendrán que ser del 'más alto nivel' y con 'experiencia en justicia transicional'.
El Tribunal de Paz estaría conformado por 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros. Por su parte, la sala que encargada del cierre de los procesos cometidos en el marco del conflicto tendrá 18 magistrados y un presidente.
Según estimados de la Fiscalía general de la Nación, poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz costaría de 1.5 a 2 billones de pesos, siempre y cuando se utilice la 'metodología de investigación de contexto', utilizada por la Fiscalía en los últims años, lo que haría el trabajo de la JEP 'más celero, económico y de mejor calidad'.
De utilizarse una metodología caso a caso 'se necesitaría más tiempo, más dinero y más personal; estimando', afirma el fiscal (e) Jorge Perdomo. En este escenario, 'si el proceso se implementa por 3 o por 10 años, se gastaría 1.9 y 3 billones de pesos'.
Aproximadamente 110.806 expedientes contra las Farc pasarían a ser estudiados por la Jurisdicción Especial para la Paz, informó Perdomo, quien además destacó que durante dos años más de 400 personas del ente investigados se han dedicado a entender los 50 años del conflicto armado.
Para Perdomo, la implementación de la JEP debe comenzar lo más pronto posible y afirmó que, aunque en los últimos meses del cese al fuego unilateral la criminalidad asociada al conflicto armado se redujo en un 98%, aún quedan importantes retos en materia de justicia durante el posconflcito para lo cual está preparada la Fiscalía.
