Después de momentos de intensa presión por parte de los apoderados de los candidatos, tanto liberales como de otros partidos, la comisión 34 accedió a mostrar los formatos E24 en las mesas donde el día de ayer se denunció un 'salto de canguro' de 548 votos a favor de la candidata Maria Luisa Pulgar, quien pasó del séptimo al cuarto renglón del Partido Liberal.
La irregularidad se presentó en la mesas 25, 26, 27, 28 y 29 en la que los votos de pulgar ascendieron hasta 170 votos en las mesas 28 y 29.
Después de exponer los formatos a los presentes se evidenció un nuevo cambio en los votos de la candidata.
En la mesa 25 paso de 50 a 12 votos, en la 26 de 100 a 12 votos, la 27 se mantuvo en 130, la 28 pasó de 170 a 93 y en la 29 se mantuvo el salto de 170 votos. Lea además: Aumenta la tensión en los escrutinios por 'salto de canguro' en la votación de Pulgar.
Estas nuevas alteraciones en los resultados electorales provocaron la exaltación de los presentes en los escrutinios quienes exigen se comparen esos números con los formatos E14, que son los que consignan la cantidad de votos obtenidos por cada mesa.
Entre los candidatos presentes se encuentran los liberales Eugenio Diaz, Ernesto Aguilar, Ramón 'Chacho' Carbó y José Cadena, quien quedaría sin curul después del aumento en la votación de Pulgar.
Cadena en horas de la mañana presentó una denuncia ante la Fiscalía por 'Alteración de resultados electorales'.
Las denuncias por presiones del procurador Gerardo González a la comisión han sido recurrentes, así como la creciente frustración de los presentes por el silencio que ha mantenido la jueza encargada de la comisión Karen Milena Fábregas Córdoba y su auxiliar Jorge Santodomingo.
Por su parte la secretaria, Herminia Navarrete, ha sido la que ha tomado la vocería de esta accidentada comisión tratando de mediar entre los ofuscados abogados y los miembros de la comisión.
En estos momentos se están imprimiendo las actas E24 para proceder con su firma y envío a la comisión municipal en donde se ha dicho que se escucharan las reclamaciones.
El temor de los apoderados es que el presunto fraude pase a ser investigado por la justicia ordinaria (contencioso administrativo) y se dilaten los términos para resolver las denuncias, mientras que la elección pasaría a ser legitimada a pesar de los indicios de fraude.
